Después de varios intentos, las bancadas de oposición en la Asamblea Nacional lograron aprobar ayer, con 47 votos, la Declaración de Rechazo al Decreto 03-2010 y a las otras acciones inconstitucionales del presidente Daniel Ortega, quedando pendiente la Ley de Nulidad de ese acto ejecutivo.
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- En la Declaración aprobada, los 50 diputados firmantes sostienen que la actitud del presidente Daniel Ortega es similar a su administración en la década de los ochenta.
Agrega que como resultado de esta política, el pueblo nicaragüense se siente frustrado, despojado de sus derechos humanos y políticos y de la esperanza.
Mencionan como violaciones relevantes a la Carta Magna y las leyes de la República de parte de Ortega, el haberse puesto de acuerdo con el Consejo Supremo Electoral para violentar el derecho de los nicaragüenses de elegir a sus autoridades en las elecciones municipales del 2008, por el conteo fraudulento.
También señalan que Ortega instruyó a sus magistrados para que allanaran su camino a la reelección inconstitucional, a través de una pseudo sentencia, y extralimitarse en sus facultades al extender el período de los funcionarios públicos.
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Uno de los puntos del decreto legislativo señala que “bajo el régimen del presidente Ortega, Nicaragua ha dejado de ser un Estado de Derecho y se ha convertido en un país, cuyo presidente abriga intenciones de crear una dictadura vitalicia y cuyo gobierno es de facto y que no le brinda a sus ciudadanos ni la más mínima gobernabilidad, entendiéndose por esto, transparencia y respeto a las leyes de la República, incluyendo su Carta Magna, la institucionalidad y la democracia representativa”.
MORAL, NO JURÍDICO
El diputado liberal José Pallais explicó que la aprobación de la Declaración del “decretazo”, como han denominado al acto del presidente Ortega, es una censura política contra las inconstitucionalidades cometidas en su gestión.
“Expresa el criterio del Poder de Estado legislativo sobre la inconstitucionalidad de Ortega, la violación a la Constitución y tiene sus efectos nacionales porque mandata a los ciudadanos a que nadie debe acatarlo”, indicó Pallais.
Otro efecto, según Pallais, es que la Declaración es a nivel internacional con el presidente Ortega, ya que es una referencia oficial de que el mandatario violentó preceptos de la Carta Magna.
NUEVA ZANCADILLA
Previo a la apertura de la sesión legislativa, las bancadas Liberal y Democrática Nicaragüense (BDN) acordaron que si la Declaración no era sometida a votación y tampoco enviaban la Ley de Nulidad del decreto 03-2010 a comisión para su dictamen, una vez más se retirarían para no establecer el quórum.
Esta posición fue expuesta al presidente del Poder Legislativo, René Núñez, lo que originó una breve negociación y se estableció el compromiso de someter la Declaración después que se pasara la Ley especial para la renegociación de las deudas con las microfinancieras, Ley de Moratoria.
Después de la Declaración se presentaría la Ley de Nulidad, lo que al final no sucedió y obligó a los diputados de las bancadas de oposición, en señal de protesta, a retirar su registro del sistema, quedando la bancada oficialista con 49 votos, con el apoyo de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y la de Unidad de los Nicaragüenses (BUN), lo que les permitió incluir el Decreto de elevación a categoría de ciudad al poblado de Corinto, aprobado con 46 votos, más dos registrados como presentes.
El diputado liberal Wilfredo Navarro manifestó que Núñez manipuló la agenda para evitar el tema de la Ley de Nulidad, punto que enfrenta otro dilema en la Asamblea Nacional, y es qué comisión la dictaminaría.
Una de las propuestas es que esa iniciativa pase a la Comisión de Justicia y la otra opción planteada es que se forme una comisión especial en la que Alejandro Ruiz, de ALN, dejó claro que su bancada no participará, alegando que así como los liberales buscan entendimiento con los sandinistas en el tema de la elección de los funcionarios públicos, se pongan de acuerdo también sobre ese punto.
Una vez suspendida la sesión, Ruiz reclamó al diputado Navarro la falta de respaldo al decreto relacionado a Corinto, que era impulsado por Juan Ramón Jiménez, porque existía un compromiso de apoyarlo, a lo que Navarro respondió que la responsabilidad era de Núñez por variar el acuerdo inicial.
Ruiz Jirón se comprometió a que si el problema de la iniciativa de Nulidad era la comisión, apoyaría para que la misma se trasladase a la Comisión de Justicia.
Para el diputado José Pallais la obstaculización de parte de la bancada oficialista, tanto a la Declaración como a la Ley de Nulidad, se debe a que “les duele” la aprobación de las mismas, porque eso implica poner en evidencia la actitud dictatorial con que gobierna el presidente Ortega.
¿VOTÓ O NO VOTÓ?
Aunque a la votación de los 47 diputados se sumó la de 4 parlamentarios registrados como presentes, llamó la atención que uno de ellos fue Jorge Castillo Quant, presidente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quien aseguró que “apretó el botón verde” dos veces, pero la pizarra no registró su voto.
Quant llamó al encargado del sistema para que revisara su conexión. Otro diputado, Luis Ortega Urbina, dijo que él también estuvo enfrentando problemas con el sistema de votación.
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