La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional dio el visto bueno al proyecto de Ley Especial para la Creación de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS), el que se estará discutiendo en las próximas semanas ante el plenario.
Francisco Jarquín, presidente de esta comisión, manifestó a LA PRENSA que el dictamen de ley fue aprobado de forma unánime por los diputados miembros, y la idea es que pase a discusión lo más pronto posible en el plenario del parlamento.
Jarquín dijo que el espíritu de esta ley es proporcionar el debido reconocimiento como organizaciones a los CAPS, mediante un marco legal que les permitirá un mejor funcionamiento a nivel nacional. Explicó que los mismos tendrán sus debidos estatutos y contarán con una junta directiva nacional.
LAS DISPOSICIONES
El proyecto de ley de los CAPS establece la debida organización, constitución, legalización y funcionamiento de los mismos como organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, que contribuyen con el desarrollo económico y social de la población.
Jarquín especificó que la ley establece dos categorías para la conformación de los CAPS, que los clasifica en los de mayor complejidad y los de menor complejidad.
“Dentro de los CAPS de mayor complejidad están los que manejan proyectos como los miniacueductos por bombeo eléctrico y por gravedad. En la categoría de menor complejidad se ubican los que administran proyectos como los pozos excavados equipados con bomba de mano, pozos perforados y proyectos de captación de agua de manantial”, especificó.
Carlos García, también miembro de la Comisión de Medio Ambiente, explicó que todo CAPS existente deberá contar con un registro municipal, acta constitutiva y estatutos. Deberán estar inscritos ante el Registro Central de Prestadores de Servicios de Agua Potable, del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), órgano rector de los mismos.
“Estas organizaciones gozarán de autonomía local. Tendrán beneficios fiscales que incluye la exoneración de Impuesto del Valor Agregado (IVA), aplicado a la compra de materiales para proyectos de agua potable”, especificó García.
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