Ante la inoperancia de la justicia nicaragüense, miembros de la Asociación de Abogados Democráticos presentaron una denuncia penal en Costa Rica contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas, el 20 de enero.
- El abogado David Castellón aseguró que antes de impulsar la denuncia penal contra el magistrado electoral Roberto Rivas Reyes, efectuaron una exhaustiva investigación, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, pero en este país fueron bloqueados en la Contraloría General de la República, que incluso dio por perdida la Declaración de Probidad del funcionario electoral.
Los abogados nicaragüenses también hicieron la denuncia como miembros activos de la Convención Panamericana Anticorrupción, que persigue todo acto delictivo para que la justicia castigue a quienes estén infringiendo la ley.
Castellón dijo que además de la denuncia penal contra Rivas, en Costa Rica procederán a informar de esa situación a la Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Naciones Unidas (ONU) y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
“Este señor, Roberto Rivas, quiere reelegirse nuevamente en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y no lo podemos tener porque, según lo que dice la Constitución Política, para ser electo en el Poder Electoral tiene que ser una persona notable y no corrupto como es el señor Roberto Rivas”, indicó el denunciante.
Reiteró que el decreto emitido por el presidente Daniel Ortega, este mes, para ampliar la vigencia de los períodos de los funcionarios que cesarán en sus cargos en los próximos días y meses, es violatorio de la ley; y el mandatario tiene la obligación de ejecutar y cumplir la ley.
El abogado Castellón hizo un llamado a la ciudadanía para que respalde la acción que han impulsado contra el magistrado electoral, aunque espera que la misma vaya más allá, en lo relacionado a defender la democracia en Nicaragua, para que no se pierdan los derechos consignados en la Carta Magna.
Señaló que en lo relacionado a unos vehículos de lujo que introdujo a Costa Rica el embajador Harold Rivas Reyes, hermano de Roberto, la investigación se mantiene.
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Según los abogados, la denuncia está basada en que Rivas Reyes ha sido involucrado en “diferentes actividades de carácter ilícito, que de acuerdo a la legislación penal nicaragüense corresponden a los tipos penales de fraude, peculado, malversación, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito”.
Por tanto, consideran posible que con los recursos obtenidos a través de todas esas actividades haya logrado adquirir propiedades en el vecino país.
“De acuerdo a lo que estatuye el artículo 6 del Código Penal de Costa Rica, permite abrir causa penal en el territorio de Costa Rica y aplicar la norma penal cuando se haya cometido un hecho punible en el extranjero y su resultado final produzca efecto en parte o en todo el territorio”, expresa parte de los argumentos jurídicos de la denuncia penal.
Lulio Marenco, uno de los denunciantes, señaló que previo a la presentación de la denuncia penal investigaron el “desmedido enriquecimiento” de Rivas Reyes, que le ha permitido tener como patrimonio en Costa Rica una mansión, al adquirir cuatro propiedades en el condominio Vista Hermosa.
Tres de esas propiedades pertenecían a ciudadanos de origen austriaco y la cuarta era de un colombiano.
Cuestionaron que las adquisiciones se hayan realizado a través de la empresa Chibilú del Oeste, Sociedad Anónima, por Bertha de la Peña, en representación de Roberto Rivas Reyes, ya que ella también se desempeña como funcionaria del Poder Electoral nicaragüense.
En la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General de la República de Costa Rica, los abogados solicitan a las autoridades de ese país que, mientras dure la investigación que puede tardar unos dos meses, se ordene el decomiso preventivo de los bienes inmuebles adquiridos por el magistrado electoral.
Eso es “para que este ciudadano explique cómo adquirió esos bienes siendo funcionario aquí en Nicaragua, y que tiene sus efectos o resultado de un hecho posible penal, de lavado o franqueo de dinero; tiene que dar respuesta de ese hecho, son cosas que no se pueden tapar”, explicó el abogado Gustavo García.
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