Ludwin Loáisiga López
Un proyecto de amnistía que cobijaría a los funcionarios públicos entre 1990 y el nueve de enero de 2007, podría ser dictaminado mañana por la legislativa Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos e introducida ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, para que siga su trámite de ley.
El diputado libera Maximino Rodríguez dijo hoy que la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos tiene dos proyectos de decreto de amnistía y un proyecto de ley de amnistía, los cuales serían firmados en una reunión prevista para mañana a la 9:00 a.m.
Las iniciativas beneficiarían al ex Presidente Arnoldo Alemán (1997– 2002) y al diputado Eduardo Montealegre (funcionario de Estado a finales de los año noventa e inicios de la década pasada), quienes ayer martes quedaron bajo una fuerte presión judicial.
El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) informó ayer que Alemán todavía tiene dos causas pendientes. Una por la introducción a Nicaragua de un jet privado sin pagar impuestos, el cual supuestamente había sido robado en Estados Unidos; y la otra por el irregular desvío de vacas propiedad del Estado.
En tanto, el Fiscal Armando Juárez notificó ayer a la Asamblea Nacional que los directivos tienen 72 horas para tramitar una solicitud de desafuero en contra de Montealegre, o de lo contrario el Ministerio Público recurrirá de amparo.
Tanto el Patido Liberal Constitucionalista (PLC), liderado por Alemán, como la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), encabezada por Montealegre, denunciaron que los procesos judiciales responden a supuestos “chantajes” del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para obligar a que en el Parlamento se elijan a personas afines al Presidente Daniel Ortega en los 25 cargos de primer nivel que este año quedarán vacantes en el Estado.
PLC, BDN y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), con 43 diputados en la Asamblea Nacional se declararon a favor de una amnistía.
En tanto, el diputado Wálmaro Gutiérrez (FSLN), indicó que una amnistía enviaría un “mensaje peligroso”, porque supuestamente “retorcería al sistema judicial”.