El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) determinará hoy martes los cargos administrativos que levantará en contra de 27 acusados de invadir el Refugio de Vida Silvestre Bosawas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).
Yadira Meza, secretaria general de la zona por el Marena, confirmó que hoy martes deben presentarse los señalados para responder por la depredación ambiental que causaron en alrededor de 800 hectáreas.
Las investigaciones del Ejército de Nicaragua, junto con el Marena, indican que hasta el momento el área despalada es un círculo imaginario que rodea las 800 hectáreas.
Se trata de una vereda de aproximadamente cuatro metros de ancho, que sirve como cerco del área invadida.
Entre los técnicos del Marena esto es conocido como “carrileo”, pues prácticamente es un carril de tierra que rodea el sitio en que los invasores se asientan.
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Por este desacato, los acusados podrían enfrentar multas superiores a los 50 mil córdobas, además de la obligación de resarcir los daños causados al medio ambiente.
Meza recordó que las disposiciones administrativas no son las mismas que las penales. Por lo tanto, las multas son apenas el primer castigo que recibirán los señalados de haber invadido Bosawas.
VAN PARA AFUERA
La funcionaria confirmó que después de las acciones administrativa, los tomatierras sólo tendrán dos opciones: salirse por las buenas, o por las malas.
Meza dijo que el primer escenario que esperan es el más optimista, que los precaristas se autoevacuen.
La apuesta es que las acusaciones del Gobierno en su contra los convenzan de que abandonen la reserva.
Sin embargo, las instituciones del Estado, como el Marena, el Ejército, la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República están preparadas para el segundo escenario, que consiste en sacar por la fuerza a los tomatierras.
Las autoridades están por determinar cuántas personas tendrán que sacar de las selvas de Bosawas.
Meza no quiso entrar en detalles, pero reconoció que las instituciones mencionadas tienen programado un desalojo forzoso en el corto plazo, para “limpiar” la zona de los invasores.
En este sentido, los precaristas no tienen otra opción que abandonar las tierras que invadieron el año pasado.
Pero el trabajo no será fácil. Aparentemente las fuerzas estatales deberán caminar 12 horas entre la selva para poder llegar al sitio invadido.
Además, cada movimiento de éstos requiere de un presupuesto de varios miles de dólares, que se traduce en gastos extras para las instituciones.
ACUSACIÓN PENAL
Simultáneamente los 27 acusados enfrentarán cargos penales, según adelantó la Procuraduría Ambiental.
Esto se debe a que los daños al medio ambiente están penalizados, ya que son considerados como delitos por el Código Penal.
Bajo este proceso, los acusados enfrentan la posibilidad de estar varios años en la cárcel, como ocurre ahora con líderes de “tomatierras” que hicieron lo mismo en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
Las tomas de tierra como éstas se dan desde mediados de los años 90. Terminada la guerra de los años 80, mucha gente sintió la necesidad de tener dónde vivir y se asentaron en ciudades y bosques.
Esto fue aprovechado por madereros y ganaderos para extender sus áreas de acción.
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