Eduardo Cruz
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, afirmó que el presidente Daniel Ortega está facultado para emitir el decreto con el que prorroga la permanencia en sus cargos de aquellos funcionarios a los cuales se les vence su período en los próximos meses y son titulares de instituciones claves, como Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Contraloría General de la República, Superintendencia de Bancos y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Solís dijo que no quería opinar sobre el fondo del decreto, porque él es uno de los cuatro magistrados de la Corte a quienes se les vence su período en abril de este año, pero señaló que Ortega emitió el decreto para evitar una crisis, porque los liberales no quieren nombrar a los nuevos funcionarios en la Asamblea.
Agregó que el decreto de Ortega no contraviene la Constitución, porque es temporal y su vida termina cuando los diputados nombren a los nuevos funcionarios.
Pero el magistrado presidente de la Corte, el liberal Manuel Martínez, contradijo a Solís señalando que en este momento no hay crisis y que el decreto de Ortega es una jugada política para presionar a que se nombren los funcionarios que él quiere, e hizo alusión al presidente del CSE, Roberto Rivas, de quien dijo la población no lo quiere.
El magistrado Martínez, quien reveló anda con un divieso en la espalda, manifestó que el decreto de Ortega es como “ponerse un parche antes que te salga el divieso”.
El presidente de la Corte añadió que un recurso por inconstitucionalidad en contra del decreto de Ortega no prosperaría fácilmente, porque ni la bancada de los sandinistas tiene los nueve votos necesarios para fallarlo a favor del presidente Daniel Ortega, ni ellos como liberales tampoco los tienen porque apenas tiene siete magistrados.