AFP
La cúpula empresarial nicaragüense tildó este lunes de «atropello» a la Constitución la decisión del presidente, Daniel Ortega, de prorrogar por decreto los nombramientos de funcionarios directivos de varios organismos públicos, que deben ser aprobados por el parlamento.
«Rechazamos que el poder ejecutivo a través de un decreto se atribuye funciones que la Constitución atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional, las cuales no pueden, por ningún poder o funcionario, ser usurpadas», señaló el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en una declaración.
«Dicho actuar es un atropello a la propia Constitución y al Estado de Derecho», cuestionó la organización gremial en la nota, leída por el presidente del COSEP, José Adán Aguerri.
Ortega ratificó y prorrogó el sábado en sus cargos a unos 25 funcionarios del tribunal electoral, del Poder Judicial, la Contraloría y Superintendencia de Bancos, que terminarán su período de cinco años en los próximos meses.
El decreto usurpa la facultad constitucional que tiene el Congreso para nombrar los altos cargos en las instituciones del Estado, denunció la oposición, que anunció acciones para revertir el decreto y una acusación contra el mandatario por el delito de «abuso de autoridad».
Los empresarios, por su parte, instaron al gobierno y al parlamento a realizar los nombramientos de cargos vacantes de acuerdo a las «formas, plazos y procedimientos que establece» la Constitución, para no perjudicar más «el clima de negocios» en Nicaragua.
