El diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) y líder opositor, Eduardo Montealegre, aseguró que acordaron con el ex presidente Arnoldo Alemán “que aquellos funcionarios puestos por los liberales no sigan en sus cargos, porque sería acatar este decreto violatorio de la Constitución”.
Dijo que el ex subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, a quien ya se le venció el periodo de su cargo, no se presentaría a su antiguo despacho este lunes.
El ex procurador de esa misma institución, el sandinista Omar Cabezas, dijo no saber nada del decreto.
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El magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) Luis Benavides, cuyo período se vence precisamente el 14 de febrero próximo, confirmó que no se acogerá a lo establecido en el decreto presidencial, por ser violatorio a la Constitución de la República, y pidió a sus homólogos no ser partícipes de una traición a Nicaragua.
“Considero que ningún funcionario público, ningún magistrado de ningún poder del Estado, que pase un día más, un minuto más, estaría haciendo lo correcto, sino que estaría pegándole una puñalada a la incipiente democracia de este país”, enfatizó.
Otros funcionarios a los cuales se les acerca el vencimiento de sus funciones son a los cinco contralores colegiados, también el 14 de febrero.
Poessy la piensa
El presidente del ente fiscalizador, Guillermo Argüello Poessy, afirmó que la institución no puede quedar sin autoridades.
“Quiero ver bien el decreto, porque no lo conozco en detalle, pero hay una cosa bien clara. No se puede dejar abandonadas las oficinas públicas. Eso estese claro. Todo, menos que las oficinas públicas queden abandonadas”, dijo Poessy.
—¿Va a seguir llegando a su oficina, entonces, contralor? —preguntamos.
—No me pongás en la dis yuntiva de decirte si voy a seguir llegando o no. Ojalá que los señores de los partidos políticos entiendan eso. Tienen que llegar a un arreglo. Tiene que haber un entendimiento. No puede ser que todo el país vaya a estar sin autoridades. Y en ese sentido, el decreto del señor Presidente puede ser una solución.
Los diputados liberales han anunciado acusaciones contra los funcionarios que continúen ejerciendo los cargos después que se les venza el periodo para el cual fueron electos.
Algunos analistas consideran que el decreto de Ortega sólo busca meter presión para que los diputados elijan a las nuevas autoridades de la misma forma que se ha hecho hasta ahora.
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