CORRESPONSAL/ COSTA RICA
Alrededor de 60 menores de edad, en su mayoría hijos de labriegos nicaragüenses, viven hacinados y expuestos a la violación de sus derechos en una finca cafetalera ubicada en San Pedro de Poás de Alajuela, informó el diario La Nación de San José.
- Mariano Vargas, administrador de la finca La Hilda, dijo que se intenta prevenir que menores vayan a recolectar, pero hay casos que se escapan totalmente de nuestras manos, los trabajadores se los llevan a escondidas, sin nuestro permiso. Hemos devuelto niños del cafetal a sus casas o guarderías. Pero igual, estamos hablando de personas de 14 y 15 años, muchachitos que ven este tipo de trabajo no como algo forzado, sino casi que como un pasatiempo.
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- Ena Fabiola Toledo nació en Somoto.
- Sus dos hijos. el mayor de 11 años y el menor de 9, son su principal motivación para seguir adelante.
- Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de las Américas, en Costa Rica.
- También tiene una maestría en Administración de Empresas que estudió en el Incae.
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Los menores viven en alto riesgo en la finca La Hilda, la misma que está envuelta en una polémica desde hace casi dos semanas, cuando la directora de la Escuela La Hilda, Haydell Patricia Sánchez Ríos, denunció que 63 estudiantes perdieron un día de clases porque los encargados los enviaron a recolectar café.
El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe el trabajo de menores de 15 años de edad.
La escuela pertenece al Ministerio de Educación Pública (MEP), pero se ubica en los mismos terrenos de la finca. Allí estudian algunos hijos de los labriegos. El MEP inspeccionó la finca y abrió una investigación.
“MAL ENTENDIDO”
La semana pasada el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de la Infancia (Pani) verificaron el hacinamiento. Ambas instituciones hicieron advertencias a los encargados para que mejoren las condiciones y realizarán controles.
El administrador del lugar, Mariano Vargas, dijo que la pérdida del día de clases fue un mal entendido. Ayer negó el hacinamiento al indicar que la finca cumple con estándares internacionales y aseguró que en los baches viven 354 personas, aunque la capacidad es para albergar a 600.
Según la Ministra de Salud, María Luisa Ávila, “los baches no son ilegales porque una finca no puede darle una casa provisional a cada empleado, pero a las familias sí se les debe dar una unidad habitacional”.
Ávila asegura que los menores desde un recién nacido hasta de 14 y 17 años— están expuestos a abusos porque duermen, además de sus padres, con desconocidos.
A veces los menores quedan solos, mientras sus padres recolectan el grano. “Un menor de 12 años, con apariencia de ocho, cuidaba a otros de cuatro y cinco años. Estaban en un sitio desordenado y sucio”, afirmó Ávila.
El presidente del Pani, Mario Víquez, dijo que la principal preocupación de las autoridades es que los menores sufran abusos sexuales.
Según La Nación, “Salud detectó que durante el año ocurrieron algunos casos de maltrato infantil, abuso sexual y uso de drogas, pero las familias de las víctimas fueron despedidas cuando se planteó la denuncia. Vargas alegó desconocer tales situaciones”.
“La finca siempre ha sido responsable, manejamos servicios de guardería para los hijos de los trabajadores, siempre hemos tomado en cuenta la situación de los niños”, dijo Vargas.
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