La gestión del presidente Daniel Ortega y el papel de los partidos de oposición no fueron los únicos que recibieron malas calificaciones de la opinión pública nacional. Diputados de la Asamblea Nacional y magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también cierran el año con números rojos.
- El parlamento cierra hoy el año legislativo 2009, con 46 leyes aprobadas, 59 decretos y préstamos y donaciones por casi 369 millones de dólares, según un informe distribuido por el oficialista Frente Sandinista (FSLN).
Dentro de las leyes aprobadas destacan la ley de la vivienda social; de lenguaje de señas nicaragüenses; de Zonas Costeras; Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; Ley Orgánica del Instituto de Pesca; Ley Orgánica del Sistema de Evaluación y Acreditación para el aseguramiento de la calidad en la educación; Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria; las reformas presupuestarias y a la Ley de equidad fiscal, así como el presupuesto 2010, y una serie de indultos.
De los préstamos y donaciones, al sector eléctrico destinarán 80.6 millones de dólares. Para Infraestructura son 61.1 millones, otros 28.2 millones en producción, 12.6 millones para educación técnica, 30 millones para comercio exterior, 95.9 millones para agua potable y 60.5 millones para el Gobierno.
LUDWIN LOÁSIGA
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El 65.1 por ciento de la población, es decir más de seis de cada diez nicaragüenses, desaprueba el trabajo de los diputados de la Asamblea Nacional y sólo el 13.9 por ciento la aprueba. En el 2007 la desaprobación rondaba apenas el 40 por ciento.
Los datos son parte del resultado de una encuesta que la firma M&R Consultores realizó entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre últimos, entre mil 600 nicaragüenses representativos de todos los estratos socioeconómicos, culturales, religiosos y políticos de la nación. Tiene un margen de error de más o menos 2.5 por ciento y un nivel de confianza del 95.5 por ciento. Incluyó a habitantes de los quince departamentos y las dos Regiones Autónomas del país, cuyas edades oscilan entre 16 y más de 45 años.
El 42.5 por ciento de los entrevistados se declaró independiente, el 35.1 sandinista y el 22.4 perteneciente a los diferentes partidos de oposición. De acuerdo con el segmento político, los independientes fueron los que otorgaron la descalificación más alta, 83.4 por ciento, y los opositores dieron un 81.2 por ciento.
FALTA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD A LA CSJ
Casi ocho de cada diez consultados afirma que los diputados deben promover una reforma que establezca que el mínimo para ganar las elecciones, en primera vuelta, sea el 50 por ciento más uno de los votos.
El 84.8 por ciento considera que para integrar el CSE deben elegir a personas ajenas al Gobierno y los partidos políticos. Un porcentaje similar apoya la idea de crear un “instituto autónomo e independiente” para que se encargue de la cedulación y el registro civil. El 69.9 por ciento considera que ninguno de los actuales magistrados debe ser reelecto en el cargo, e incluso el 41.6 de los sandinistas apoya esa petición.
El trabajo de los magistrados del CSE obtuvo un 62.7 por ciento de desaprobación y casi siete de cada diez no confía en esos funcionarios para dirigir las elecciones nacionales del 2011. Eso porque el 58.6 por ciento sigue pensando que las elecciones municipales del 2008 no fueron limpias ni transparentes.
El desempeño de los magistrados de la CSJ recibió el 60.3 por ciento de desaprobación. Más de seis de cada diez nicaragüenses considera que el Poder Judicial responde a intereses políticos y “adolece de falta de transparencia e integridad”.
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