San Sebastián/EFE
Los partidos del Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte han acordado por unanimidad constituir una comisión especial para investigar si han existido irregularidades en la gestión de las subvenciones que el consistorio ha destinado a la localidad nicaragüense de Somoto.
El PSE/EE, partido de la alcaldesa, Ana Urchueguía, PP, EB, PNV, PCLO, Hamaikabat y los concejales de ANV (ahora no adscritos) han votado en un pleno extraordinario a favor de esta comisión, que habían solicitado las cuatro últimas formaciones, aunque la propuesta finalmente aprobada no ha sido la suya, sino una alternativa del edil popular, José Ángel Encinas.
Según el texto aprobado, la comisión que investigará las ayudas a la cooperación deberá crearse en el plazo de quince días y fijar un calendario de trabajo para dos meses, que se podrían prorrogar si fuera necesario.
Este órgano estará presidido por un concejal de la oposición, tendrá capacidad para adoptar acuerdos y podrá analizar toda la documentación que considere oportuna, incluidos los informes de auditoría que están en marcha.
Los impulsores de la comisión se han sumado a la propuesta del PP por entender que sustancialmente coincide con la moción que habían presentado ellos, según ha explicado la representante de la plataforma PCLO, Ana Isabel Prieto.
Han rechazado, por otra parte, una propuesta presentada por el grupo socialista porque planteaba un control de todas las subvenciones, cuando su denuncia sobre una «aplicación arbitraria» de las ayudas se ciñe a las concedidas a Somoto.
PNV, PCLO, Hamaikabat y ANV pidieron que se constituyera esta comisión después de que el interventor municipal asegurara en un informe que las cantidades otorgadas a proyectos de cooperación al desarrollo no se ajustaban a la legalidad.
Estos partidos entienden que el interventor les da la razón cuando señala en su informe que las subvenciones a Somoto se enviaban a una oficina que «carecía de personalidad jurídica» y que las cuentas de la Oficina de Hermanamiento de Nicaragua «se rinden de una manera desordenada y poco clara».
La alcaldesa ha declarado hoy tras el pleno que han apoyado la iniciativa del PP porque no tienen «nada que ocultar» y quieren «zanjar» este asunto «de una vez por todas».
«Quiero ser la primera en ir a la comisión a informar», ha subrayado.
Ana Urchueguía ha advertido de que no se pueden equiparar los trámites administrativos de un país como Nicaragua con los que se realizan aquí, y ha explicado que la Oficina de Hermanamiento estuvo adscrita al Ayuntamiento de Somoto (utilizaba su RUC, equivalente al Código de Identificación Fiscal) hasta que se constituyó la Fundación pro Desarrollo Integral de Somoto.
En el pleno, el portavoz socialista, Iñaki Múgica, ha dicho que esa falta de personalidad jurídica que se aduce «es un elemento que se está utilizando para generar confusión y dudas».
Ha añadido que son varias las entidades locales que reciben ayudas sin esa figura, aunque ahora, tras el informe del interventor, han decidido redactar una ordenanza que regule su concesión para poder mantener las que la ley actual, que consideran muy restrictiva, no permite.
