CORRESPONSAL/COSTA RICA
La población migrante principalmente nicaragüense, que habita o se moviliza en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, tiene un limitado acceso a los servicios públicos de salud.
Así lo revela un estudio elaborado por el Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (Cenderos) y que contó con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Según el estudio, varios factores influyen a que la población migrante, principalmente mujeres, tenga limitado acceso a la salud como la falta de documentación y seguro social, bajo nivel educativo, desconocimiento de sus derechos, leyes, normas y procedimientos; baja capacidad económica y experiencias previas de maltrato o rechazo.
El estudio llamado Estado de la Situación de la Migración y la Salud Sexual Reproductiva en Jóvenes y Mujeres fue realizado en las comunidades nicaragüenses de Peñas Blancas, Cárdenas y Río San Juan, y en las costarricenses de La Cruz, Upala, Los Chiles, Guatuso, Micro Región 5 y Sarapiquí.
MIEDO A DEPORTACIÓN
Según Gabriela Ortega, coordinadora del estudio de parte de Cenderos, en el lado costarricense los migrantes tienen acceso al primero (emergencias) y segundo (especialista) de salud, pero encuentran dificultades para tratarse enfermedades crónicas.
A modo de ejemplo, Ortega citó que una mujer nicaragüense puede acceder a un ginecólogo del sistema de salud tico, pero si le detectan una enfermedad cancerígena no la pueden internar.
Muchos inmigrantes, según Ortega, tienen miedo de acudir a las clínicas del seguro social porque tienen miedo de ser deportados.
El estudio destaca que en la zona norte de Costa Rica hay menos rechazo hacia la población nicaragüense.
Gabriela Richar, coordinadora técnica del estudio, explicó que también hay buenas prácticas para atender mejor a esta población, como ferias de salud y documentación que realizan los gobiernos locales, organismos de la sociedad civil y autoridades de los dos países.
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