El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham, por sus siglas en inglés), Róger Arteaga, señaló ayer que las personas que han participado en ataques a la oposición es gente pagada por el gobierno de Daniel Ortega, para sembrar el caos en el país.
“Algunos son pagados con recursos, con dinero y otros que les están perdonando penas que tienen con la justicia y pagan a través de eso”, aseguró.
Arteaga recordó que es primera vez en la historia de Nicaragua que se observan a pandillas manifestándose de forma violenta en las calles y señaló que este acoso permanente de las turbas orteguistas en las principales calles y rotondas de Managua podría ocasionar un caos de violencia en el país.
“Yo recuerdo las manifestaciones en tiempos de doña Violeta Chamorro y era el Frente Sandinista el que estaba protestando en las calles, vi las manifestaciones en tiempo de (Arnoldo) Alemán y era el Frente Sandinista el que estaba protestando en las calles (…), pero hoy lo que estamos viendo es que los que están protestando en las calles son pandillas de los barrios que disfrutan haciendo eso y están siendo pagados para hacer este trabajo sucio”, precisó Arteaga.
El dirigente empresarial criticó que la prioridad de los trabajadores del Estado, más que trabajar es estar “moviendo banderas en las rotondas de la capital”.
“Es un movimiento permanente y de repente vemos que (los trabajadores del Estado) dejan de trabajar a la 1:00 p.m. y se van a ‘rotondear’ y vemos que las páginas web de las instituciones no están actualizadas y pareciera que la prioridad no es trabajar, sino estar en las rotondas moviendo banderas”, dijo Arteaga.
Ese organismo de derechos humanos exige respeto a la libertad de expresión en el país y anuncia que expondrá detalladamente esta situación ante los Relatores de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), doctores Catalina Botero y Frank Larue, respectivamente, cuya presencia en el país es de suma urgencia.
El Cenidh expresa su rechazo absoluto a estas agresiones y denuncia ante la nación nicaragüense y la comunidad internacional que en Nicaragua se está vulnerando abiertamente el derecho humano a la libertad de expresión, aumentando el riesgo que corren los periodistas nicaragüenses mientras realizan su trabajo, dice parte del comunicado.
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DICTAMEN ILEGAL
Por otro lado, organismos de la sociedad civil calificaron como una “total ilegalidad” el dictamen municipal que obligaría a las organizaciones a solicitar un permiso a la administración de la comuna de Managua, con ocho días de anticipación, para poder manifestarse en áreas municipales.
El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, indicó que el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, por lo que “no debe haber limitantes en el ejercicio de este derecho”.
Izabá también aclaró que la Ley orgánica de la Policía, Ley 228, establece en su artículo 22 que la Dirección de seguridad pública es la encargada de emitir las autorizaciones para las actividades o concentraciones públicas; mientras, el artículo 76 del Reglamento a la Ley 228, en sus literales K y O, (dice) que es la Policía la que regulará las fiestas públicas, reuniones, manifestaciones públicas o actividades que afecten la libre circulación.
“Es decir, no hay forma de que el concejo o la Alcaldía de Managua se atribuya funciones que por ley no son de su competencia. Ni siquiera podría multar por daños al área municipal, porque para la Policía hasta hace firmar un documento de fianza que se puede cobrar fácilmente”, insistió Izabá.
Las restricciones para las movilizaciones se realizarían a través de una ordenanza sobre el Fomento, protección y uso de los parques, áreas verdes, bulevares, pistas, plazoletas, laterales y rotondas de la ciudad de Managua, que ya fue dictaminada favorablemente por la Comisión de Gobernabilidad, y deberá ser ratificada por la mayoría de los concejales en la sesión municipal de mañana.
Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil, criticó el dictamen municipal.
“Sabemos que las alcaldías sandinistas y el mismo Gobierno van a querer impedir las manifestaciones que haga la población, a pesar de que los ciudadanos tenemos el derecho de expresarnos. Pero un decreto, ordenanza o resolución no está por encima de la Constitución, si quieren que no marchemos deben reformar la Constitución o establecer un estado de sitio”, dijo Molina, quien confirmó que las organizaciones de la sociedad civil realizarán una marcha el 21 de noviembre contra lo que han catalogado como actitud dictatorial del presidente Daniel Ortega.
El apoyo liberal al dictamen sobre la regulación del uso de los espacios públicos fue retirado ayer. De acuerdo con una nota de prensa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la normativa será un instrumento represivo para coartar las libertades públicas y está dirigido directamente en contra de las organizaciones opositoras al Gobierno.
ATAQUES A INSTITUCIONES
Actualmente, las turbas orteguistas han demostrado que son capaces de morterear y apedrear cualquier institución privada o del Estado que tengan al frente de su lucha. El Cenidh, en su comunicado de prensa, menciona además los ataques que las turbas orteguistas han hecho contra los medios de comunicación.
Hace dos días, LA PRENSA fue mortereada por un grupo de choque. Ese mismo día las instalaciones de la Policía fueron atacadas por los mismos orteguistas.
“Son ataques que no tienen ningún sentido, vemos una Policía que la atacan y escondida repara sus daños y sin actuar conforme a la Constitución Política y eso la Policía parece estar incapacitada de hacerlo y no sabemos por qué”, reiteró Arteaga.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) emitió un comunicado a través del cual condena los hechos de violencia generados en los últimos días por las fuerzas de choque orteguistas en contra de periodistas y medios de comunicación, que ha causado lesionados así como daños de edificios y vehículos.
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