- Movimiento del No Pago amenaza con reiniciar protestas, la próxima semana, para que les den plazo de diez años
Después de reiteradas quejas de las microfinancieras, por la pasividad con que ha actuado la Policía Nacional frente a las agresiones de los productores del movimiento conocido como “los No Pago”, contra agencias del interior del país, por fin la máxima autoridad policial se pronunció ayer.
En unas breves declaraciones la primera comisionada y jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, aseguró que esa institución brindará seguridad a las microfinancieras, tal como ha estado solicitando la Asociación de Microfinanzas (Asomif) conforme a lo establecido en la ley.
“Nosotros vamos a resguardar la entrada y salida de los clientes y trabajadores en las microfinancieras, como lo hemos estado haciendo; vamos a garantizar y resguardar la seguridad de las microfinancieras, como lo hemos estado haciendo; vamos a garantizar y a resguardar la seguridad de las microfinancieras, como lo ordena la ley”, afirmó Granera.
PRESIONAN A LA ASAMBLEA NACIONAL
Desde hace varias semanas los No Pago han protagonizado en el interior del país violentas protestas, en demanda de una reestructuración de sus millonarias deudas.
Además de impedir el ingreso de los clientes a las sucursales de las instituciones de microfinanzas, los morosos hasta han secuestrado por horas a funcionarios de entidades financieras, como fue el caso de los trabajadores del Fondo de Desarrollo Local (FDL) en un municipio del Norte del país.
El máximo líder del Movimiento No Pago, Omar Vílchez, aseguró ayer que en la próxima semana retomarán sus protestas para demandar una pronta respuesta a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, que analizará el próximo jueves dos propuestas de Ley de Moratoria.
Vílchez instó a las microfinancieras a flexibilizar su posición, para encontrar una respuesta a la crisis y evitar mayores afectaciones al sector productivo.
Los casi 14 mil morosos que forman el Movimiento No Pago, según estimaciones de sus líderes, piden a las microfinancieras un plazo de 10 años para saldar sus deudas, con una tasa de interés del ocho por ciento.
Vílchez, ex alcalde sandinista de Jalapa, negó que el Movimiento No Pago sea el culpable de una posible reducción del financiamiento externo y culpó a las financieras por manejar de forma ineficiente su cartera de crédito.
