Contribuyentes se esfuman

El Gobierno dio a conocer a través de la propuesta de reforma tributaria que la base de contribuyentes actual en la Dirección General de Ingresos (DGI) es de 58,394, casi 12 mil menos de lo que dejó el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), que tenía registrado a un poco más de 70 mil contribuyentes, afirmó el ex titular de la DGI, Róger Arteaga.

El ex funcionario dijo que cuando asumió la institución en el 2002 había un registro de 101 mil contribuyentes, sin embargo el departamento del Tesoro de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) “nos ayudaron a depurar el padrón de contribuyentes, ya que en esos 101 mil habían muertos, gente que ya se había ido del país, (o) empresas quebradas y que no existían”.

Agregó que en ese tiempo se tuvo que hacer una revisión total para poder llegar a los 70 mil contribuyentes, quedando sólo los contribuyentes que efectivamente estaban registrados.

Posteriormente, agrega Arteaga, “hicimos una campaña en los mercados y con la Asociación de mercados incorporamos a comerciantes que no estaban registrados y no pagaban impuestos. A ellos los fuimos incorporando y así aumentamos la base de contribuyentes”.

Esto supuso un esfuerzo de capacitación de las personas encargadas del proyecto de ampliación de la base tributaria orientada a captar nuevos contribuyentes.

Tras el anuncio del Gobierno, Arteaga se mostró sorprendido por el bajón de contribuyentes. “No sé por qué esa cifra que tienen ahora, parece que se les ha bajado o los contribuyentes han dejado de pagar o se han vuelto informales, eso normalmente ocurre en administraciones tributarias cuando hay cambios de gobierno”, dijo.

DGI DESARTICULADA

El ex director de Ingresos señala que este bajón también puede deberse a la falta de confianza de los contribuyentes en el sistema recaudatorio, el cual prácticamente fue desarticulado por las actuales autoridades de gobierno que mandó a la calle a todo el personal capacitado por organismos internacionales.

“En la administración tributaria es importantísima la transparencia, el buen uso de los recursos y la credibilidad en la administración tributaria, y lo que hemos visto hasta ahora es que no hay transparencia”, destaca Arteaga.

Afirmó que durante su administración se capacitaron a por lo menos 34 personas en esa dirección para llevar a cabo este trabajo, el cual estuvo apoyado por el FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la GTZ de Alemania, el Banco Interamericano de Desarrollo y Japón.

Arteaga explicó que el departamento del Tesoro de Estados Unidos destinó a uno de los hombres más experimentados en recaudación tributaria de casinos en ese país con 30 años de experiencia para que capacitara a los técnicos nacionales. Esto dio lugar a la creación del proyecto de ley de casinos.

El FMI destinó a un funcionario permanente para apoyar el proceso de capacitación tributaria. “Nunca lo ha hecho el FMI, sólo lo hizo una vez en Paraguay, destinar un funcionario permanente para la administración tributaria”.

Sin embargo todo este esfuerzo se perdió cuando estos técnicos fueron despedidos por la actual administración. “Ahora (los técnicos)trabajan en el sector privado”, sostuvo Arteaga.

DISTRIBUIR MEJOR LA CARGA TRIBUTARIA

Sobre la ampliación de la base tributaria, el experto en el tema y ex vice ministro de Finanzas, René Vallecillo, refirió que lo que se necesita “son medidas de administración tributaria. No se requiere de un cambio de sistema impositivo. Se trata de aplicar la ley al que se tiene que aplicar con voluntad política. Cero privilegios”.

Ejemplificó que si “tengo un negocio, un gran almacén, una gran bodega y pago una cuota fija, por favor, eso es imposible”.

Al respecto, mencionó que en el caso de los casinos existen 6,000 máquinas de juegos de azar que pagan impuestos, pese a que en la Policía Nacional están registradas 10 mil. “Ahí está el sector informal a la vista y paciencia de la Policía, de la Alcaldía y de la Dirección General de Ingresos y no hacen nada”, dijo.

Por tal razón, indicó que “no se debe estar trasladando la carga tributaria a los que ya pagan, sino a los que no pagan”.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, mencionó que una opción para ampliar la base tributaria es reducir las exoneraciones de impuestos, pero de manera más profunda.

“La propuesta (del Gobierno) es muy tímida. Creo que se debe ir más a fondo en este campo. Y posteriormente se tiene que ir mejorando los sistemas administrativos”, sostuvo.

Arana mencionó que se debe fortalecer el reglamento o código que rige a la DGI y a la DGA, el cual está diseñado para mejorar la capacidad recaudativa y de fiscalización de ambas entidades. “Obviamente que hay sectores que pueden contribuir más. También se debe buscar formas de cómo incorporar al sector informal y combatir el contrabando en este país”, expresó.

SOLUCIÓN AL REVÉS

Mientras, los miembros de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) señalaron su preocupación con la reforma fiscal porque, tal como lo avizoran, sería un golpe económico para la industria, aparte de que extiende las exoneraciones por varios años más e incrementan los impuestos prácticamente en el corto plazo.

Así lo afirmó el presidente de Cadin, Alfredo Marín, en una conferencia de prensa.

“Nos preocupa que se crea que van a recaudar 2.4 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto), que son unos 140 millones de dólares, es una cifra extremadamente grande, porque (habría que) quitarle 140 millones de dólares a los empresarios de Nicaragua”, dijo Marín.

La preocupación de Marín y el resto de empresarios industriales es que, para pagar esa cantidad de dinero en enero, las industrias tendrían que realizar préstamos, ya que no tienen esa cantidad en sus bolsillos.

“Pero qué banco te va a prestar 100 millones de dólares en estos momentos de recesión”, expresó el empresario. “Eso tiene que ser poco a poco”, añadió.

Marín advirtió que su crítica no la dirigió hacia el documento final de las reformas fiscales, porque éste no ha sido mostrado públicamente, sino a ciertos conceptos como el de aumentar los impuestos tan pronto.

El otro concepto que Marín criticó fue el de extender las exoneraciones por cuatro años más.

“Nos preocupa que la eliminación de las exoneraciones (no) sean hasta dentro de cinco años, lo razonable es que las exoneraciones se eliminen en enero y el aumento de los impuestos se dé dentro de cinco años”, afirmó.

“Lo razonable es que quienes no están pagando impuestos, en vez de hacerlo dentro de cinco años, paguen ya, y quienes sí están pagando, que les suban dentro de cinco años”.

Marín aseguró que la propuesta, tal como se observa en lo general, llevaría a la quiebra a las pymes (pequeñas y medianas empresas), ya que las retenciones les dejarían poco margen para sus negocios, por efectos acumulativos.