- Ley 476 prohíbe a funcionarios “favorecer” afiliación partidaria
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La afiliación masiva que promueve el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las instituciones del Estado, está prohibida por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Sin embargo, sindicalistas y defensores de los derechos humanos consideran que los afectados, por miedo a perder su trabajo, prefieren “acomodarse” y renuncian a defender sus derechos.
Roberto Moreno, experto en Derecho Laboral, considera que en medio de la actual crisis económica que está provocando el cierre de muchas empresas privadas, ningún empleado público se arriesgará a denunciar que fue presionado para recibir la “magnífica” sandinista, porque sabe que las autoridades encargadas de hacer valer sus derechos son militantes de dicho partido.
La Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa en su artículo 55, numeral 8, establece como falta muy grave y que el funcionario que la comete debe ser sancionado, “utilizar la función pública para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política partidaria…”
Agrega la ley que también se sanciona a quien pretenda “impedir, favorecer u obstaculizar de cualquier manera la afiliación o desafiliación de los servidores públicos en organizaciones civiles o partidos políticos”.
CARNETIZACIÓNVIOLA DERECHOSCONSTITUCIONALES
José Espinosa Navas, secretario general de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), estima que la entrega del carné también viola el derecho de los trabajadores a no ser discriminados por razones políticas, establecido en la Constitución Política, el Código Laboral y los Convenios Internacionales 87 y 98, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, Moreno asegura que esta situación es “muy particular y difícil de probar”, porque aunque el trabajador esté consciente de que la Ley lo protege, nunca se expondrá a enfrentarse a un tedioso proceso legal, que será llevado por un funcionario sandinista y que lo único que le dejará es la pérdida de su trabajo.
Carla Sequeira, directora de Asesoría Legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), reconoce que hay presiones hacia los empleados y coincide con Moreno en que nadie se atreve a interponer una denuncia formal.
Añade que de presentarse una denuncia formal se deberá agotar la vía legal interna y posteriormente se llevarían los trámites ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero dicha institución no establece plazos para emitir fallos, por lo que los procesos se alargan tanto que los trabajadores terminan desistiendo del trámite.
DENUNCIA CONTRA ELESTADO DE NICARAGUA
Aún con esa dificultad, en los próximos días se interpondrá una denuncia contra el Estado de Nicaragua, por las violaciones a los derechos laborales de algunos trabajadores que fueron despedidos en el año 2007.
Espinosa Navas lamenta que el presidente Daniel Ortega, con más agravantes, haya retomado las afiliaciones masivas que puso de moda el dictador Anastasio Somoza y que han imitado los posteriores gobernantes del país. “Es increíble que los funcionarios de Ortega hagan ante lo ojos de todo el mundo lo que los anteriores, inclusive los somocistas hacían a escondidas”, afirma.
