- Silais exige a dispensarios de Juigalpa que cierren, se trasladen o dejen de vender medicinas baratas
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El interés del Gobierno en controlar el millonario mercado de las medicinas habría alcanzado ya a los centros de venta de medicamentos de carácter social que en su mayoría maneja la Iglesia católica, a través de más de cien dispensarios en todo el país.
El Obispo de Chontales y secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor René Sándigo, aseguró a LA PRENSA que “le consta que están tomando medidas represivas contra las ventas sociales de medicamentos”, porque en su Diócesis, el Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais) dio un plazo de tres meses a los dispensarios católicos para que cierren, se trasladen o se conviertan en farmacias.
“Es incomprensible, porque con los dispensarios se hace un bien a los pobres, a propósito de que tanto se habla de pobres, y sintoniza con lo que he estado leyendo, porque si de verdad hay un interés en abarcar este tipo de servicios, o de negocios, llamémosle así, hila con lo que están haciendo”, señaló el Obispo.
LA PRENSA publica desde la semana pasada una serie de investigaciones sobre la compra de laboratorios médicos privados con fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como el Laboratorio Ramos, o las negociaciones con Laboratorios Solka, para supuestamente producir medicinas más baratas para los nicaragüenses, según justificó el director del INSS, Roberto López.
El funcionario dijo el viernes pasado en una entrevista con el periodista Alberto Mora, del oficialista Canal 4 de televisión, que esas medicinas baratas que ahora produciría el Gobierno “van a ser distribuidas a través de las clínicas previsionales y posteriormente a través del Ministerio de Salud”, que consideró debería “brindar los servicios de salud para toda la población y todos los asegurados”.
Fuentes eclesiásticas confiaron a LA PRENSA que en estas pretensiones, el Gobierno se toparía con la “competencia” de la Iglesia católica, que a través de diferentes programas garantiza medicinas gratuitas o a mitad de precio para zonas urbanas y hasta botiquines básicos para las zonas rurales que no tienen acceso a la salud.
Además, LA PRENSA conoció que el director departamental del Silais, Juan Bautista Hernández Norori, y funcionarios del gobierno local de Juigalpa —uno de los cuarenta municipios que la oposición reclama por los comicios fraudulentos de noviembre pasado— estarían interesados en controlar el mercado municipal farmacéutico y se enfilan contra la Iglesia.
LA PRENSA intentó ubicar a Hernández para conocer las razones de la medida, pero ni en el Silais ni en su casa de habitación obtuvimos respuesta.
SACRIFICAN A LOS POBRES
Para monseñor Sándigo, “sería triste sacrificar la pobreza del nicaragüense por un negocio”.
“Si con este servicio (de los centros sociales de medicamentos) se está haciendo tanto bien a la ciudadanía, ¿por qué no seguirlo haciendo cuando ciertamente se le ayuda mucho? Y sería triste si eso se está tomando para quedarse con el negocio cerrado de las medicinas”, lamentó el Obispo.
Sándigo dijo que no sabe si éste es exactamente el propósito con la comunicación enviada a los dispensarios de su Diócesis, “pero se deja entrever que va por ahí la cosa”.
Monseñor Bernardo Hombach, Obispo de Granada y presidente de Caritas Nicaragua, que maneja los programas de medicinas de la Iglesia, dijo que no han recibido comunicaciones similares en los dispensarios de sus Diócesis, pero comentó que la noticia de Juigalpa también le da la impresión de que se busca “eliminar toda clase de competencia en ese sentido, competencia comercial no puede ser, porque los dispensarios dejan muy poco, pero (a lo mejor) ya se quiere imponer un sistema de salud diferente”.
LA CARTA DEL SILAIS
El padre Juan José Urroz, encargado del dispensario de la parroquia San Francisco de Asís, confirmó que él recibió la carta del Silais, firmada por el director Hernández Norori.
La carta firmada el 13 de febrero cita a los dispensarios el artículo 54 de la Ley 292, de Medicamentos y Farmacias, que dice: “Con el objetivo de aumentar la cobertura de medicamentos básicos de calidad y de bajo precio a la población, se autoriza la apertura y funcionamiento de servicios de distribución de medicamentos de proyectos sociales sin fines de lucro, ubicados en zonas urbanas precarias donde no exista el servicio y en zonas rurales, autorizadas por la jefatura departamental de Farmacia del Silais correspondiente, en coordinación con la Dirección de Normación de Insumos y Farmacias”.
“Les comunicamos —agrega— que la venta social tendrá que cambiar de categoría (de venta social de medicamentos a farmacias) o trasladarse a otro lugar donde aún no existan farmacias”, que también aclara que “para cambiar de categoría tendrán que cumplir con los requisitos que establece la Ley 292” y les otorga un plazo de tres meses que se cumpliría en mayo.
En el directorio telefónico de Juigalpa se listan unas siete farmacias instaladas en el centro urbano, donde también funcionan los dispensarios católicos.
Pero el padre Urroz dijo que la Iglesia no puede instalar los mismos en el campo por los altos costos. “Pero aquí vienen personas de las zonas rurales que buscan los botiquines. Estamos dando un servicio que no dan ellos (el Minsa)”, reclamó.
El padre Gregorio Raya, del dispensario que funciona en el centro parroquial San Martín de Porres, también recibió la carta y agregó que les han dicho que hagan “caso omiso” a la misiva porque es de una instancia departamental y no nacional.
