- Alcalde de Tegucigalpa dice que Chávez está detrás de Zelaya
TEGUCIGALPA/AP
El líder del opositor Partido Nacional, Ricardo Álvarez, anunció ayer su disposición de salir a las calles y ofrendar su vida para impedir que el presidente Manuel Zelaya reforme la Constitución en Honduras
“Seré el primero en poner mi vida ante la amenaza de Zelaya de irrespetar al pueblo y mantenerse en el poder”, añadió.
“Y si debo arriesgar mi vida por respetar la democracia, lo haré con gusto, porque atentar contra la democracia es atentar contra el pueblo”, dijo Álvarez en rueda de prensa.
Aseguró que su partido, el mayor en la oposición, “está dispuesto a defender la Constitución en las calles… y así lo haremos”.
Denunció que “el presidente venezolano Hugo Chávez es el artífice de que Zelaya intente perpetuarse en el poder porque con millones de dólares financia ese tipo de ilegalidades en Honduras, pero eso no lo permitiremos”.
Álvarez, alcalde de Tegucigalpa, fue elegido presidente de su partido a principios de mes.
La gestión presidencial en Honduras es de cuatro años y la ley prohíbe la reelección del mandatario.
Desde que en agosto el mandatario adhirió al país a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), se informó que Zelaya ha recibido unos 100 millones de dólares de su aliado Chávez para programas sociales.
El sistema de Alba lo integran Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, Honduras y Venezuela.
Álvarez confió en que “los mandos superiores de las fuerzas armadas no se prestan a la jugada de Zelaya y serán respetuosos y obedientes de la ley, ya que le deben más lealtad a la Constitución que al propio Presidente”.
De acuerdo con la ley fundamental, los militares son garantes del sistema democrático en Honduras, tras derrocar a tres presidentes elegidos popularmente y permanecer 18 años en el poder entre 1957 y 1982.
Zelaya anunció el lunes por radio y televisión que el Instituto Nacional de Estadísticas , al que la ley no otorga esa facultad, hará “una amplia consulta popular” antes del 24 de junio para conocer si la población apoya que en las elecciones generales de noviembre se vote si se debe o no instalar una Asamblea Constituyente para modificar la Carta Magna.
