- En caso de que el Ejecutivo ponga en marcha el llamado “Plan Semana Santa”
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De concretarse un retiro de la Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, como se asegura estaría contemplando el Ejecutivo a través de un denominado “Plan Semana Santa”, eso significaría un retroceso al desarrollo institucional de la Policía, estiman representantes del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Una Policía con una primera comisionada destituida u obligada a renunciar, uno sólo se puede imaginar que sería una Policía domesticada, es decir, sometida a la voluntad familiar, porque el esquema que estamos teniendo como gobierno es un esquema donde hay toda una confusión Estado-partido-familia”, dijo Gonzalo Carrión, funcionario del Cenidh.
En la edición del martes 3 de febrero, LA PRENSA publica la denuncia efectuada por Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su blog, la que fue publicada por diarios centroamericanos. Trotti recientemente estuvo en Nicaragua como miembro de una misión que intentó en vano reunirse con el mandatario, para analizar aspectos relacionados con la libertad de prensa.
Según el denominado plan, el Gobierno, entre otras cosas, intentaría conseguir la salida de la jefa de la Policía Nacional, así como suspender la inmunidad de Eduardo Montealegre, rechazar el recurso por inconstitucionalidad contra la “Ley Arce” que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ley que inconstitucionalmente aplica de tasas impositivas a insumos que importan los medios de comunicación.
Para Carrión, “no es extraño” que Granera sea presionada por el Ejecutivo para que renuncie, pues desde el año pasado se observó un retroceso del desarrollo institucional de la Policía.
“En definitiva, ellos impusieron estilos en la Policía, compartieron dos tipos de línea institucional y partidaria”, dijo Carrión tras mencionar: “A nosotros nos robaron en la cara de un subcomisionado; a los ciudadanos los morterearon en presencia de la Policía”.
En tanto, el director del IEEPP, Javier Meléndez, desestimó la posibilidad de que en este momento lleguen a ese extremo, debido al contexto bastante complejo que debe enfrentar el Gobierno. Aunque Meléndez no descartó que bajo la justificación del cumplimiento de los 30 años de fundación de la Policía, el Gobierno opte por el relevo de oficiales que sean reemplazados con funcionarios de confianza y que representan el proyecto político del partido gobernante; lo que consideró “es un sueño donde no gana nadie”.
Para Meléndez, “interrumpir los mandatos de instituciones que han tenido históricamente un sólido prestigio en Nicaragua, como el Ejército y la Policía, genera incertidumbre y sospechas”. Y aconsejó que debe ponerse atención también a “qué va a pasar con los subdirectores generales (de esa institución)”.
“Yo veo un escenario donde más bien se va a seguir insistiendo en poner en la línea de sucesión a cuadros que representen confianza política del Gobierno”, sostuvo Meléndez.
NECESITARÁ UNAPOLICÍA REPRESIVA
Según Meléndez, hasta hace un año Granera tenía un reconocimiento altísimo por su liderazgo, “hoy se percibe a una comisionada Granera que no está al mando de la Policía. Una Policía que cierra las puertas a instituciones que no son políticamente confiables para el Gobierno, como nosotros mismos, y una Policía que sigue insistiendo en el famoso mito de que somos los más seguros de Centroamérica, cuando la realidad está mostrando que no es así”.
El defensor de los derechos humanos, por su parte, destacó que por lo que se observa públicamente, en los últimos meses, Granera ha resistido ante situaciones impositivas; “y a pesar de esa resistencia vimos las imposiciones”. Carrión consideró que, de concretarse el retiro de Granera, representaría mayor peligro para la ciudadanía “porque para los amigos no habría ley, la ley no se aplicaría”, y la persecución sería selectiva.
Carrión describió que con lo ocurrido en 2008 como antecedente y la situación de deterioro económico social, que provocará mayor desempleo e incremento de la pobreza, se puede avizorar que habrá reclamos de la ciudadanía por sus derechos, y para eso, dijo, el Gobierno necesitará de una Policía represiva y con más orientación política partidaria.
“Las instituciones no pueden estar al vaivén del Gobierno de turno”, apuntó el defensor de los derechos humanos, quien recordó que hay una Ley de Policía que establece cuándo debe cesar la jefatura de la Policía.
Meléndez planteó por su parte, que este tipo de situaciones meten ruido “a la tranquilidad política del país”. Y desafortunadamente no se habla de temas prioritarios, como el incremento alarmante de la delincuencia y la inseguridad, tema sobre el cual llamó a las autoridades y diferentes sectores sociales a discutir “hacia dónde va Nicaragua y hacia dónde van la delincuencia e inseguridad”.
La Policía evitó referirse sobre un supuesto retiro forzado de la directora de la Policía Nacional.
El vicepresidente del Poder Judicial, magistrado sandinista Rafael Solís, afirmó que la jefa policial debe terminar su período, porque está protegida por la Ley Orgánica de la Policía Nacional, y el Ejecutivo se ha comprometido a respetar la institucionalidad.
“Todo (sobre el ‘Plan Semana Santa’) es especulación”, terminó diciendo Solís.
