- Ortega, desesperado por obtener dinero, viola el artículo 112 de la Constitución de la República
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El presidente Daniel Ortega impuso anoche el decreto presidencial 78-2008 que ordena al Ministerio de Hacienda incorporar las modificaciones al Presupuesto General de la República, que no han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, y urgió a los diputados de la oposición que aprueben una serie de préstamos de organismos internacionales que suman 217 millones de dólares.
Ortega dio por publicado el decreto y anunció que “en los próximos días” aparecerá en el diario oficial La Gaceta, lo que según juristas, economistas y diputados es inconstitucional.
Desde el viernes 26 de diciembre, Ortega había enviado una carta al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, con instrucciones de modificar el presupuesto.
Para el jurista Carlos Tünnermann Bernheim, esa decisión de Ortega viola la Constitución que “en el artículo 112, en el segundo párrafo final, dice que toda modificación del Presupuesto General de la República tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional”.
Comentó que esa medida “da la impresión que el presidente Daniel Ortega está gobernando como lo hacía en los años ochenta, cuando la Constitución del año 1987 le daba facultades para aprobar el presupuesto y sus reformas”.
Esas atribuciones fueron reformadas en 1995, cuando la Asamblea Nacional recuperó la potestad de aprobar el Presupuesto de la República, recordó el jurista.
ALCALDE PREVÉ MÁS CRISIS
El Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, manifestó ayer que el presidente Daniel Ortega debió agotar las posibilidades de una convocatoria de los diputados en la Asamblea Nacional, antes de aprobar por decreto las reformas al Presupuesto General de la República del 2008.
“Me da la impresión de que está (Ortega) actuando con una medida de emergencia. Creo que debería haber agotado las posibilidades de una convocatoria para evitar problemas, porque si no es legal la reforma, todo lo que se haga después va a ser ilegal y entonces va a tener las mismas consecuencias de que si no se hubieran presentado los diputados”, indicó Marenco, quien agregó que se debe conocer cuál es el argumento de Ortega para emitir el decreto 78-2008.
Según el alcalde Marenco, habrá una crisis si no se legalizan las reformas al presupuesto, porque “todos los desembolsos se van a paralizar, y los desembolsos (externos) son más grandes que los locales, la cantidad de dinero que entra por fuera es casi otro tanto de lo que se hace por dentro, entonces no estás hablando de que vas a poner un parche, estás hablando de que se desestabiliza todo el presupuesto nacional”.
Sobre la presión internacional, de países donantes que están congelando las ayudas, Marenco indicó que el despido de 230 trabajadores por la Cuenta Reto del Milenio en León es la más concreta, pero “lo que viene después es lo más complicado”.
GOLPE DE ESTADO
El primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, calificó de grave la decisión de Ortega, ya que implica un “golpe de Estado de hecho” al país, porque asume las funciones de la Asamblea Nacional, las que tiene prohibidas por Ley de la República, lo que deriva además en una intromisión de un poder del Estado en otro.
“Es ya la demostración de la locura moral y jurídica que está cometiendo Ortega, rompe toda la institucionalidad del país; si venía cometiendo errores y abusos, este abuso golpea totalmente los cimientos de la democracia del país y de la institucionalidad; y todo lo que nazca de esto, no tiene ninguna validez”, observó Navarro.
RESIENTE RECORTES DE COOPERANTES
El presidente Ortega se quejó de que “algunos (donantes) han decidido cortarle la cooperación a Nicaragua”, en referencia a países europeos y a Estados Unidos, por lo que pidió al parlamento que apruebe con urgencia los préstamos, entre éstos algunos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Sin embargo, aprovechó para atacar a los diputados de oposición, a los que llamó “antidemocráticos” y “dictatoriales” por “boicotear constantemente” a su gobierno.
Dijo que son “una minoría bloqueando, paralizando la economía del país, la educación, todo; eso es un crimen, eso no tiene nada de democrático”.
La Asamblea Nacional no ha sesionado después de las elecciones municipales del 9 de noviembre, alteradas por un fraude del Gobierno.
“No puedo permanecer impasible viendo a los diputados no sesionar porque no les da la gana… Lo más dictatorial que puede pasar es que los diputados actúen negándole al pueblo los fondos”, se lamentó Ortega.
Con la imposición de su reforma, aumentó 600 millones de córdobas al presupuesto, en parte para pagos de salarios en instituciones como la Cancillería, que recibió más de 31 millones de córdobas adicionales porque no ha podido pagar a tiempo los salarios de diplomáticos, según explicó.
POR QUÉ TANTA PRISA
El economista de la Coordinadora Civil, Adolfo Acevedo, señaló que Ortega envió esta reforma a la Asamblea Nacional para cubrir el vacío que dejó la cooperación internacional, que casi llega a 50 millones de dólares, y de ella puede depender una emisión de letras o bonos del tesoro para conseguir liquidez.
El objetivo fundamental de esta reforma presupuestaria es incorporar “mayores ingresos potenciales de recaudación”, sostiene el proyecto de ley.
Sin embargo, al no ser aprobada, pone en riesgo esta emisión, ya que también tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, sostiene el economista Acevedo.
Otros economistas consultados, que pidieron omitir sus nombres, afirmaron que el Gobierno está urgido de dinero en efectivo y eso explica la necesidad de la reforma, en que se plasma una sobre recaudación de 605 millones de córdobas que serían designados a diferentes partidas presupuestarias.
En este sentido, el jurista Carlos Tünnermann indicó que el Gobierno había presupuestado con esta reforma una serie de gastos que quedan en el aire si la reforma no es aprobada antes de enero, lo que tensionará más el ambiente político del país porque el Ejecutivo estará invadiendo las atribuciones del Poder Legislativo, que obviamente tendrá que protestar.
“Es lamentable que se cierre el año con una violación más de la Constitución por parte del Ejecutivo y con poco respeto al estado de derecho”, puntualizó Tünnermann.
ABUSO DE AUTORIDAD
El diputado Wilfredo Navarro señaló que, además de violar la Constitución, Ortega comete abuso de autoridad porque asume facultades que son de la Asamblea Nacional.
Navarro indicó que Ortega puede emitir decretos basado en aspectos administrativos, pero no con temas de la materia presupuestaria.
Explicó que la Fiscalía General de la República debería de actuar de oficio por el delito de Ortega y de aquellos funcionarios que implementen esa ilegalidad, presentando las debidas acusaciones para iniciarles un proceso penal.
Hizo un llamado a la Comunidad Internacional para que esté atenta a las irregularidades en las que incurre el mandatario nicaragüense.
PROFUNDIZA CRISIS
El diputado Carlos García, de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), precisó que la decisión de Ortega viene a profundizar la crisis política del país, como resultado del fraude electoral, y cierra la posibilidad de acercamientos con el partido de Gobierno.
García dijo que con esa ilegalidad e inconstitucionalidad, Ortega viola también la Ley de Régimen Presupuestario y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Advirtió que “en futuros anteproyectos de ley, llámese para ratificar acuerdos de cooperación, yo creo que no estaríamos respaldando porque él no está dando muestras de apegarse a lo que mandata la ley y viene a darle más desprestigio a este Gobierno”.
SOLÍS TRATA DE JUSTIFICAR
El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrado Rafael Solís, dijo desconocer la medida y sugirió esperar a que el Presidente la mande a publicar, lo cual podría suceder mañana lunes.
Solís agregó que desconoce cuáles son los fundamentos del decreto, aunque “parece que si la Asamblea no quiere sesionar es responsabilidad de él (Presidente) que eso se apruebe”.
“Yo veo que tiene fundamentos, si la Asamblea Nacional no quiso sesionar, él tiene fundamentos para aprobar la reforma, tiene que ver el interés del país, el interés de la nación; cualquiera de esos artículos de la Constitución lo facultan para aprobar la reforma”, expresó el magistrado Solís, vinculado al partido de Ortega, el Frente Sandinista (FSLN).
El presidente del Banco Central, Antenor Rosales, miembro del gabinete económico del Gobierno, dijo a LA PRENSA que desconocía el decreto, ya que lo relacionado con el presupuesto es atribución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Según la Constitución, en el artículo 112, tercer párrafo, “toda modificación al Presupuesto General de la República que suponga aumento o disminución de los créditos, disminución de los ingresos o transferencias entre distintas instituciones, requerirá de la aprobación de la Asamblea Nacional”.
La Constitución también señala en el artículo 150, inciso cinco, que son atribuciones del Presidente de la República “elaborar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República y presentarlo a consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación y sancionarlo y publicarlo una vez aprobado”.
Esas atribuciones las reconoció el mismo Presidente cuando envió la reforma del presupuesto a la Asamblea Nacional, citando el mencionado artículo 112 y afirmando que ésta es potestad del Poder Legislativo. Luego citó la Ley 550, Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario, en la que reitera la facultad del Poder Legislativo de aprobar el presupuesto.
