El Congreso de Guatemala aprobó ayer por unanimidad una Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la cual obliga a los funcionarios públicos de todo nivel, a entregar a quienes lo soliciten, sin previo trámite, toda la información relacionada con su función y el uso de los recursos del Estado.
Con la aprobación de esa ley “hemos logrado garantizar que nunca más se vaya a limitar a los ciudadanos el conocer la forma en que las instituciones públicas manejan los recursos provenientes de sus impuestos”, dijo la diputada Nineth Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala, una de las promotoras de la iniciativa.
Los diputados debieron sortear diversos obstáculos por más de seis meses para obtener un consenso para la aprobación de esta ley, debido a la oposición de varios bloques legislativos que manifestaron temor a su contenido.
El cuerpo total de la nueva normativa cobrará vigencia 180 días después de que la misma sea publicada en el Diario Oficial, de Guatemala, a excepción de dos de sus artículos que ordenan a las instituciones del Estado implementar durante ese lapso sus unidades de información para que al cumplirse ese plazo puedan satisfacer las demandas de los ciudadanos.
La nueva ley obliga a todas las instituciones del Estado, autónomas y descentralizadas, así como aquellas privadas que por cualquier circunstancia manejen recursos del erario nacional, a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.