- Director de Pro Voto habla por migrantes
El presidente del movimiento social denominado Pro Voto, José Venancio Berríos, afirmó a LA PRENSA que el Consejo Supremo Electoral (CSE) no tiene noción del daño financiero que le causa al país por no llevar a cabo un proceso de cedulación masiva para los nicaragüenses residentes en el exterior.
Berríos estimó que la cedulación en el exterior pudiera significar para el país 192 millones de dólares al año en inversión para la promoción de microempresas, ya que se facilitarían las condiciones para este fin.
De acuerdo con datos de Pro Voto, cedular a los migrantes implicaría un ahorro de 79 millones de dólares anuales sólo para los nicaragüenses ilegales y legales que viven en Estados Unidos, ya que la cédula abarataría el proceso de envío de remesas, explicó.
El activista social agregó que además de este ahorro, bien pudiera traducirse en un incremento en la cantidad de remesas que se envían al país desde Estados Unidos. Se podría lograr la inyección de 100 millones de dólares anuales por medio de los nicaragüenses de la tercera edad que deseen retornar al país.
“El Consejo, además de afectar económicamente al país, está incumpliendo con una ley aprobada por la Asamblea Nacional desde hace tres años para que se lleve a cabo la cedulación en el exterior (Ley de Identificación Ciudadana), pero el Consejo Supremo ha alegado mil pretextos para no llevar a cabo este proceso que tanto agradecerían los nicaragüenses que residen en el extranjero”, añadió.
Pro Voto es una organización que aglutina a nicaragüenses que residen en Estados Unidos y que mantienen un reclamo constante al CSE para que autorice y lleve a cabo el proceso de cedulación de todos los compatriotas que viven en el extranjero.
Desconfianza
Berríos dijo que el principal motivo para desconfiar en la entidad electoral es su mismo presidente, Roberto Rivas Reyes, dado las recientes polémicas que han rodeado la gestión de este funcionario público.
“Sólo hay que hacer una relación de hechos y escuchar a la población para darse cuenta de la poca credibilidad del Poder Electoral en el país. Empezando con el hecho de que desde el 2006 a Roberto Rivas le cancelaron la visa de ingreso a Estados Unidos porque sospechan que supuestamente ha estado involucrado en actos ilícitos”, dijo.
“El Consejo Supremo (Electoral) tiene más de un 50 por ciento de percepción negativa y un 56 por ciento estima que para que funcione bien hay que destituir a todos los magistrados, eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas”, agregó Berríos.
Señala como otra prueba de la ineficiencia del CSE que a un año y medio de concluidas las elecciones presidenciales, este organismo no ha entregado el ciento por ciento de los resultados de dichos comicios.
El último reporte electoral del CSE fue cuando se había escrutado el 92 por ciento de los votos válidos. Nunca se pronunciaron sobre el restante ocho por ciento.
Otra preocupación para este activista social es la apertura como observador electoral al Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos (CEELA), señalado como un organismo afín al gobierno sandinista, dado que opera con financiamiento de la Administración del presidente Hugo Chávez, de Venezuela.
