- Productores agropecuarios desisten de la presión al Gobierno peronista, pero esperan propuestas
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GUALEGUAYCHÚ, Argentina/AP
Las principales entidades agropecuarias anunciaron el miércoles la suspensión por 30 días de la huelga contra el aumento a los derechos a la exportación de granos, pero advirtieron que retomarán la medida de fuerza si el Gobierno no ofrece una propuesta concreta a sus demandas.
“Suspendemos el paro de comercialización por un término no mayor de 30 días”, dijo Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) —una de las organizaciones que encabezó el paro— ante unos 20,000 productores reunidos en esta ciudad en la provincia de Entre Ríos, unos 220 kilómetros al noreste de Buenos Aires, según cifras de los organizadores. La Policía de fronteras o Gendarmería, informó que concurrieron unos 15,000.
“Dentro de estos tiempos vamos a analizar una agenda. Y queremos tener soluciones, no promesas… No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir presionando y buscando las soluciones que precisamos… No queremos que pasen 30 días y volvamos con las manos vacías, si no, vamos a volver a las rutas”, agregó.
El paro rural, el mayor de los últimos 30 años y que incluyó unos 400 cortes de rutas en todo el país, ocasionó el desabastecimiento de carne vacuna, aves, verduras y lácteos y se transformó en el primer desafío político a la gestión de la presidenta Cristina Fernández, que asumió en diciembre.
Unas horas antes, Alfredo De Angelis, titular de la Federación Agraria de Entre Ríos y uno de los más combativos huelguistas, había advertido en diálogo con AP que “es difícil, después de todo lo que pasó y se dijo, tener confianza en el Gobierno. Si no hay gestos concretos, en 30 días volvemos a la ruta y va a ser peor”.
De l os cuatro discursos en los que la presidenta Fernández se refirió a la huelga del campo desde su inicio el 12 de marzo, sólo en una ocasión invitó a los productores al diálogo. Las otras veces apeló a un duro lenguaje que causó irritación entre los productores y que la semana pasada provocó la adhesión al paro de las clases medias que protagonizaron “cacerolazos” de repudio al Gobierno en las calles de las principales ciudades del país.
El martes, en un acto con tinte proselitista, la mandataria volvió al ataque al comparar la huelga con una medida de fuerza similar que antecedió al golpe de Estado de 1976.
“La presidenta ha sido muy dura con nosotros. Tratarnos de golpistas fue una barbaridad”, dijo De Angelis.
El lunes el Gobierno anunció el reintegro a los pequeños productores de parte de las cuestionadas retenciones (derechos de exportación), que permitiría que unos 62,500 productores a baja escala —que tienen un promedio de 150 hectáreas de cultivo— obtengan la misma rentabilidad que alcanzaban antes de que el 11 de marzo se impusiera el nuevo sistema de gravámenes móviles calculados de acuerdo con el precio internacional de los granos.
A precios corrientes, el nuevo sistema de retenciones implica un alza de entre siete y nueve puntos en los derechos de exportación de la soya —el principal producto de exportación argentino— y el girasol, y un descenso de un punto en el comercio exterior del trigo y maíz.
