- Oposición contempla regular el precio de los obsequios recibidos por funcionarios públicos
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Los diputados liberales, tanto de ALN-PC como del PLC, insistieron ayer en que deben investigarse algunos gastos presidenciales que han sido revelados por LA PRENSA, como los viajes al exterior del presidente Daniel Ortega, pese a que la Contraloría General de la República (CGR) dijo que los fondos provienen de “gobiernos amigos”.
Mientras, el jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, indicó que en las próximas semanas introducirá un proyecto de ley de administración pública para regular los obsequios que reciben los funcionarios.
VIAJES, FLORES Y MÁS
El diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), Pedro Joaquín Chamorro, explicó que enviarán una carta a la CGR solicitando una investigación sobre los gastos florales en los actos de Gobierno, el costo de las celebraciones como la del concierto de Carlos Vives, las giras oficiales al exterior y “los mega pósteres y mega vallas que han puesto en toda Managua”.
“Queremos una investigación, ¿sabés cuánto se ha gastado en esto? Tenemos que insistir en que salga la investigación, pero si fuese que un gobierno amigo está pagando viajes y alquileres de aviones es también en contra de la integridad y dignidad del funcionario público, porque un Presidente no puede estar aceptando regalos de 120 mil dólares, como es el alquiler de un avión”, sostuvo Chamorro.
LEY NUEVA
Rodríguez explicó que la propuesta de ley que impulsará será para obligar a los funcionarios a dejar en sus respectivas dependencias todos aquellos regalos ostentosos que reciben por ser funcionarios de Estado.
“No se los regalan porque son bonitos, se los regalan porque son presidentes de una nación y eso le pertenece al pueblo”, dijo Rodríguez.
El legislador agregó que el límite en el costo de los regalos podría oscilar entre los trescientos y quinientos dólares.
FSLN: “INVESTIGACIÓN MEDIÁTICA”
Por su parte, el diputado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wálmaro Gutiérrez, señaló que el parlamento no es el órgano encargado de investigar los gastos presidenciales y añadió que no hay pruebas de que se requiera un estudio sobre el actuar del mandatario Ortega.
“No considero que hayan argumentos como para abrir una investigación, a menos que sea con el objetivo de crear un efecto mediático y para pretender golpear políticamente al Gobierno. Sin embargo, para evitar contaminar políticamente este tema, creo que lo mejor sería que se le dejara al órgano encargado para tal fin, como es la Contraloría. Nosotros no somos contralores, somos diputados”, precisó Gutiérrez.
ORGANISMO CÍVICO APOYA UNA INVESTIGACIÓN
El director Ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) Mauricio Zúñiga, considera que el presidente Daniel Ortega “debe conducirse de acuerdo a la dignidad del cargo y a la austeridad que un país tan pobre como Nicaragua demanda”, esto en relación a los viajes que el mandatario nicaragüense ha realizado al exterior acompañado de su familia y en avión privado.
Recordó que tanto el primer ciudadano del país como los funcionarios públicos, debido a la investidura que ostentan, están sometidos al escrutinio público, por lo que en un país donde existen altos índices de pobreza, cualquier tipo de gasto que se defina como incorrecto, resulta incongruente para la mayoría de la población y por lo tanto será cuestionado.
“Para la mayoría de la población no es bien visto, que se confunda lo que es la labor del estadista, la labor de la administración pública con temas familiares y que se lleve a toda la familia, yo creo que eso es un elemento que toda la población siempre ha cuestionado, no de este mandatario, de cualquier mandatario”, indicó Zúñiga.
“El Ejecutivo, por un elemento yo diría de legitimidad social y de transparencia, debería de explicar a la población de dónde se está costeando este tipo de gastos y explicar de manera clara el origen de estos recursos”, señaló.
Zúñiga recordó que existen instrumentos como la Ley de Acceso a la Información Pública, a través del cual la misma ciudadanía puede solicitar información sobre los gastos que realiza la actual administración.
GUEVARA SE ENOJA Y NO DA INFORMACIÓN
El titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Alberto Guevara, no quiso especificar qué “gobiernos amigos” financiaron el viaje del presidente Ortega a la Cumbre Iberoamericana realizada el año pasado en Chile que habría costado, sólo en concepto de arrendamiento del avión privado, unos 120 mil dólares.
“Si hablan del viaje del Presidente, él tuvo el financiamiento de amigos. Lo que les puedo asegurar, porque es mi obligación, es que ni un centavo salió del Presupuesto General de la República. No les puedo decir qué gobiernos fueron esos, pregúntenselo al Presidente, él se los dirá. Yo sólo me encargo de informarles que ni un centavo ha salido del Presupuesto para financiar ni ese viaje ni cualquier otro, ni viáticos ni nada, ni ninguna actividad (en referencia al concierto de Carlos Vives y el juego inagural de la final de Beisbol)”, dijo el funcionario.
“Eso es lo único que puedo decir. Desconozco los gobiernos (que financiaron el viaje y las actividades) porque no es resorte del Ministerio de Hacienda, si a mí me piden recursos para eso, veré si la Asamblea Nacional me los aprueba. Si no me los aprueba por supuesto, no los puedo dar. A mí pregúntenme de Presupuesto, de actividades de Hacienda o bueno ya terminamos (la entrevista). Del gabinete económico a nadie le corresponde eso, está claro”, dijo Guevara enojado.
Indicó sin embargo que está dispuesto a rendir cuentas sobre el tema a la Contraloría. “Siempre que la Contraloría me pida cuentas, yo las rindo”, aseguró.
LEY DE AMPARO A DISCUSIÓN
La presidenta de la Comisión de Probidad y Transparencia, Miriam Argüello, propuso ayer una amplia reforma a la Ley de Amparo, para evitar que los funcionarios bajo investigación recurran a los tribunales y detengan los procesos en su contra.
La oferta de Argüello, una conservadora aliada al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es ajena a un acuerdo que lograron el sábado miembros de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, para reformar la Ley de Amparo y evitar el control previo sobre las leyes.
Sin embargo, Argüello pidió a sus colegas no olvidar su oferta.
“ El colmo de las cosas que en estos momentos sucede es que agarrándose del amparo se ha llegado incluso a suspender juicios civiles”, explicó Argüello.
El presidente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz, dijo ayer que la reforma a la Ley de Amparo programada para mañana no incluirá la amplitud solicitada por Argüello.
Argüello comentó que la “amplia reforma” que propone su comisión permitirá “detener de alguna manera los abusos de los bienes del Estado que cometen funcionarios y los que han sido cometidos por ex funcionarios públicos”.
La diputada aseveró que la CGR tiene amparadas mil resoluciones.
