- Con la asistencia técnica y financiera de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
CORRESPONSAL / GRANADA
Un centro de mediación, con la asistencia técnica y financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), fue inaugurado ayer en Granada.
El centro se hizo realidad gracias al apoyo del programa Estado de Derecho, de USAID, que en coordinación con Cáritas Diocesanas de Granada lograron la creación, institucionalización y funcionamiento del mismo.
Este nuevo centro cuenta con 11 abogados mediadores, acreditados por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), de la Corte Suprema de Justicia y capacitados por el programa de Estado de Derecho de USAID.
APOYO A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
María Marta Moreira, directora del centro de mediación en Granada, explicó que estas son instituciones que facilitan la administración y aplicación de la justicia, especialmente en la solución de conflictos de orden civil, administrativo y cualquier otro según la Ley 540 de Mediación y Arbitraje.
Según Moreira, la justicia pronta, efectiva y accesible es una garantía ciudadana en el Estado de Derecho, y el uso de los métodos de resolución alterna de conflictos es una oportunidad para impulsar estos valores, promoviendo el acceso a la justicia y contribuyendo a la disminución de los índices de retardación de justicia, muy común en los juzgados de Granada.
Monseñor Bernardo Hombach, presidente de Cáritas de Nicaragua y Obispo de la Diócesis de Granada, dijo que estos centros son el mejor mecanismo para el diálogo entre ambas partes afectadas “y así conformar la paz social que tanto necesitamos”.
HAY 19 CENTROS DE MEDIACIÓN
Carlos María Jiménez, presidente de USAID Nicaragua, dijo que la agencia ha brindado asistencia técnica y financiera a 19 centros de mediación comunitaria en diferentes departamentos del país.
Según Jiménez, el programa Estado de Derecho de USAID cuenta con un monto total de 10.6 millones de dólares para brindar asistencia a instituciones gubernamentales del sector justicia, organizaciones de la sociedad civil y universidades, para apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho en Nicaragua, incrementar el acceso a la justicia e incentivar la participación de la ciudadanía en el proceso de modernización de la justicia en Nicaragua.
