- Cedulan a nicas en el exterior o van a juicio, resume la resolución dirigida al CSE y al presidente Ortega
[/doap_box]
La Asamblea Nacional de Nicaragua emitió ayer una resolución en la cual “instan” al Consejo Supremo Electoral (CSE) cedular a los nicaragüenses que residen en el exterior, en acato a la Ley de Identificación Ciudadana.
La resolución es extensiva al presidente Daniel Ortega y a las dependencias públicas que están involucradas en el caso, incluyendo a la Cancillería.
Pero la resolución está acompañada por una serie de intervenciones de los diputados en las que advierten a los magistrados electorales que de seguir violando la Ley de Identificación Ciudadana, enfrentarán juicios e inclusive la cárcel.
La jefa de bancada por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, dijo que el parlamento no invade ninguna función del CSE, debido a que son los propios magistrados los que no cumplen con la Ley de Identificación Ciudadana.
De igual manera, el jefe de bancada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, calificó a los magistrados electorales como “violadores de la ley”.
“Dicen que la Asamblea se quiere inmiscuir en sus asuntos y deberían leer la Constitución y saber que la están violando y eso es muy peligroso, porque provoca una situación en la que podrían ellos ir a la cárcel por no cumplir la Constitución”, advirtió Rodríguez.
Por su parte, el jefe de bancada por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, propuso que la Comisión del Exterior se involucre en el caso y “rompa las trabas burocráticas” que impiden la cedulación de los nicaragüenses en el exterior.
Un grupo de diputados estará en Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 22 de septiembre, respaldando a la comunidad nicaragüense que demanda sus documentos de identidad.
En tanto, el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Francisco Aguirre Sacasa, comentó que el millón de nicaragüenses que residen en el exterior se han ganado su derecho a la cédula al enviar cada año no menos de setecientos millones de dólares en remesas, monto que es igual o superior a lo que abona la comunidad internacional.
