- Gobierno acusa a la guerrilla de haberlos matado
BOGOTÁ/AFP
Once ex diputados provinciales secuestrados por las FARC desde el 2002 murieron en el ataque de un “grupo militar” a un campamento, según la guerrilla, pero el gobierno colombiano negó que hubiera ordenado su rescate y acusó a los rebeldes de haberlos asesinado.
Los políticos formaban parte de un grupo de 56 rehenes a quienes las FARC exigen canjear por guerrilleros presos. Entre los cautivos se hallan tres estadounidenses, la ex candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt, otros políticos, militares y policías.
Los ex legisladores murieron el 18 de junio, mientras que el ex diputado Sigifredo López sobrevivió pues “no estaba en ese instante”, según un comunicado del grupo.
“Murieron en medio del fuego cruzado, cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban”, señaló el texto.
Los legisladores fueron secuestrados el 11 de abril de 2002 por un comando que irrumpió en la sede de la Asamblea del departamento de Valle en la ciudad de Cali, haciéndose pasar por militares.
Los rebeldes culparon al presidente Álvaro Uribe de las muertes, indicando que su “demencial intransigencia para llegar” al canje y “su estrategia de rescate militar por encima de toda consideración conlleva a tragedias como ésta”.
Pero Uribe negó que hubiera ordenado su rescate y acusó a las FARC de los asesinatos .
“El Gobierno acusa al grupo terrorista de las FARC del asesinato de los diputados”, señaló Uribe en una cadena televisiva, en la que pidió ayuda internacional para buscar los cadáveres e investigar el hecho.
Las FARC expresaron a los familiares de las víctimas su “profundo pesar por la tragedia. Haremos lo que esté a nuestro alcance para que puedan recoger los despojos mortales lo más pronto posible”, añadió el comunicado.
Asimismo aseguraron que en el área de los hechos —que no precisaron— “se desarrollan desde hace varias semanas amplias operaciones conjuntas de militares y paramilitares (de ultraderecha), lo que ha generado innumerables combates y creciente presencia de fuerzas oficiales”.
También sostienen que las tropas “reciben apoyo de mercenarios extranjeros”. Uribe reiteró la versión militar de que no hubo intento de rescate porque no se conoce la ubicación del lugar de cautiverio, ni existen reportes de combates en las zonas del oeste del país donde se supone estaban los políticos.
Previamente el Ministro de Interior y Justicia, Carlos Holguín, no descartó que las muertes sean producto de un choque entre guerrilleros y paramilitares.
El 22 de junio Uribe renovó la orden de rescatar por la fuerza a los secuestrados, que había dado en mayo, dos días después de conocerse la fuga de un policía cautivo durante casi nueve años.
En París el ministerio francés de Relaciones Exteriores subrayó que “el uso de la fuerza para liberar a los rehenes debe estar absolutamente prohibido”, y anunció que verificará la información.
Yolanda Pulecio y Astrid Betancourt, madre y hermana de la rehén colombo-francesa, pidieron a los gobiernos de España, Francia y Suiza que intervengan para impedir nuevas “operaciones militares de rescate que pongan en peligro la vida de los secuestrados”.
