En abierta contradicción con su mandato de investigar los abusos de derechos humanos en todo el mundo, el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas —presidido por México— ha decidido suprimir la oficina que estudiaba las violaciones a los derechos humanos en Cuba.
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Antes de analizar la actuación general del Consejo de 47 países miembros, con sede en Ginebra, Suiza, y de ver si México está abandonando su política de compromiso con los derechos humanos universales, veamos rápidamente los acuerdos del Consejo al finalizar su primer año de sesiones esta semana.
A medianoche del lunes, el Consejo —creado el año pasado para reemplazar lo que las propias Naciones Unidas describe como su “desacreditada” anterior Comisión de Derechos Humanos— acordó por consenso un paquete de reglas que lo van a gobernar de ahora en más.
En meses recientes se había producido una encarnizada lucha entre un grupo de países totalitarios encabezados por China, y un grupo de democracias occidentales encabezadas por Alemania y Canadá, sobre si el Consejo debería mantener sus 40 mandatos especiales para investigar a países y temas específicos, como Cuba y Sudán, o la violencia contra las mujeres.
China y sus aliados querían suprimir todos los mandatos para investigar países, y conservar los mandatos por temas. Alemania y sus aliados querían mantener intactos ambos tipos de mandatos.
Al final, el presidente del Consejo, el embajador mexicano ante la ONU, Luis Alfonso De Alba, propuso un acuerdo de compromiso por el cual todos los mandatos especiales continuarían, excepto para dos países —Cuba y Bielorrusia—. El paquete completo, que dejaba afuera a esos dos países fue aceptado por consenso.
“Ciertamente es un retroceso”, me dijo Peggy Hicks, una alta funcionaria de la organización no gubernamental Human Rights Watch, refiriéndose a los dos países excluidos. “En base al historial de derechos humanos de esos dos países, esta decisión no se justifica en ningún sentido”.
El régimen cubano emitió un comunicado festejando la decisión del Consejo como una “victoria histórica”. Un artículo en el diario oficial Granma señaló el martes que “una larga batalla de 20 años llegó hoy a feliz término en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al eliminarse el mandato que fiscalizaba a Cuba con una óptica manipulada”.
El artículo citaba a un “visiblemente satisfecho” embajador mexicano De Alba señalando que los resultados del primer año de vida del Consejo eran “una decisión de dimensiones históricas” que marcará “una nueva cultura del tratamiento de los derechos humanos”.
Caramba, me dije a mí mismo cuando leí esto. El miércoles, llamé a De Alba y le pregunté si el terminar con el mandato de la relatoría especial para Cuba —encabezada por la jurista francesa Christine Chanet— era algo digno de celebración.
“Lo que usted tiene que ver son las alternativas que se presentaban: teníamos 40 mandatos, y de esos 40 mandatos, estamos conservando 38”, me dijo De Alba desde su oficina en Ginebra.”Creo que el resultado fue altamente positivo. Si hubiésemos entrado en una votación de caso por caso, podríamos haber terminado con la mitad de mandatos”.
Acto seguido, le pregunté a De Alba si él había emitido su propuesta de resolución en calidad de presidente del Consejo o como representante del Gobierno de México. Horas antes, un activista de los derechos humanos de México me había dicho que la propuesta de De Alba marcaba un cambio en la política exterior de México, dando marcha atrás de su defensa de los derechos humanos.
“El sistema funciona de una manera un poco ambigua: no dejo de ser el representante permanente de México en Ginebra, pero no puedo asumir posiciones nacionales en el ejercicio de la presidencia”, me dijo De Alba. El embajador mexicano agregó que mientras él actuaba como presidente del Consejo, otro representante de México ocupaba el asiento de su país, y expresaba las opiniones de su Gobierno.
Mi opinión: me encantaría comprar la idea de que el cierre de las oficinas que monitoreaban los abusos a los derechos humanos en Cuba y Bielorrusia fueron el precio que se pagó por crear un Consejo de Derechos Humanos renovado, que de ahora en más denunciará los abusos a los derechos humanos en cualquier lugar del mundo.
Y me encantaría pensar que De Alba actuó como un constructor de consensos, sin ningún guiño de ojo del Gobierno mexicano, y que México continuará sin acobardarse ante el chantaje cubano de denunciar a todo defensor de los derechos humanos como “lamebotas de los yanquis”.
Sin embargo, a juzgar por la eufórica reacción de la dictadura cubana, y el escepticismo de muchos defensores de los derechos humanos, me temo que el nuevo Consejo será lo mismo que el anterior —un club de protección mutua dominado por los principales violadores de derechos humanos del mundo.
Corresponsal extranjero y columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald.