- El cambio de la Casa de la Presidencia por el Olof Palme, la creación de consejos por decreto, las atribuciones ministeriales dadas a la Primera Dama, Rosario Murillo, la manipulación de los símbolos patrios, la violación a la Ley 290 y a la misma Constitución, así como la falta de una comunicación fluida con los medios de comunicación, son hechos que definen el primer mes de gobierno de Daniel Ortega
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Intelectuales y juristas diversos consideran que los constantes actos de ilegalidad cometidos por el Presidente de la República, Daniel Ortega, a tan sólo un mes en el Gobierno, podrían ser el reflejo de un empeño por demostrar “que la legalidad no va a ser un obstáculo para que se haga su voluntad”, lo que denotaría un estilo personalista y autoritario.
La Asamblea Nacional, aunque hasta el momento ha enviado un par de señales de disgusto al Ejecutivo, tiene ante sí el reto de encarrilar la institucionalidad, o por el contrario agrietarse y darle oportunidad a Ortega de alcanzar sus propósitos.
En la opinión política que se va tejiendo alrededor del gobernante, se instala la idea de que todavía arrastra una posición un tanto autoritaria propia de los años ochenta y de la que aún no ha podido desprenderse.
Herencia de la Revolución
Para el ex Ministro de Educación y actual Rector del Ave Maria College, Humberto Belli Pereira, no hay que olvidar que el Frente Sandinista se originó como un movimiento revolucionario que por definición venía a desafiar el ordenamiento jurídico, a atacarlo y a crear una sociedad, en ese momento totalmente nueva y utópica.
“Este tipo de mentalidad no tenía la orientación hacia la obediencia de las leyes, que más bien las veían como parte de un andamiaje injusto, una mística bastante iconoclástica de destruir símbolos, de destruir imágenes, de destruir tradiciones”, explica Belli Pereira.
A criterio del académico y político de tendencia conservadora, Alberto Saborío, las diversas expresiones de ilegalidad que ha demostrado el gobierno de Ortega sólo ponen de manifiesto que la ley no va a ser un obstáculo para la voluntad del Presidente.
Asimismo el analista político, Cairo Amador, refuerza la tesis de Saborío al afirmar que es muy posible de que Ortega está aprovechando el voto de confianza que se le ha otorgado, para ir instaurando mecanismos de control, que no necesariamente va a usar ahora, pero que ya quedan de alguna forma constituidos.
No obstante, Amador considera que “tantos errores seguidos ya no son errores”. A criterio del analista, es pertinente admitir que una de las explicaciones es que los sandinistas no estaban preparados para gobernar.
“Después de 16 años de oposición, luego de diez en el poder, el hecho de haber ganado los agarró erosionados en su capital humano”, afirma Amador.
Otro aspecto que deduce es que los actuales gobernantes heredaron del pasado la práctica de instaurar mecanismos de control del poder.
El experto en Derecho constitucional, Gabriel Álvarez, no cree en la hipótesis del grado de ignorancia e incapacidad del Gobierno.
“Parece que el Gobierno no está pecando de ingenuo ni de inocente, sino que más bien da la impresión de que la oposición y la ciudadanía son los ingenuos y los inocentes; y que no tienen la capacidad de respuesta, que no tienen la capacidad de reacción”, deduce Álvarez.
“El Gobierno aprueba el decreto, aprueba la ley, hacen lo que ellos creen que les va dando gusto, un ratito a pie otro ratito andando, y al final hacen lo que les da la gana, a ojos y vista de todo el país, la esposa del Presidente está nombrada, los consejos hacen lo que les da la gana violando la ley y la Constitución y no pasa nada”, refiere el jurista constitucional.
Camino peligroso
En tanto el disidente sandinista y actual diputado del Movimiento Renovador Sandinista, Víctor Hugo Tinoco, opina que la cadena de ilegalidades que ha venido cometiendo el Ejecutivo “responde a una lógica de decir, yo soy el poder, es una lógica de decir, no me interesa la ley (…), yo tengo el poder de hacer mi propio concepto de la organización de la sociedad”.
Según Tinoco se está haciendo “una copia mal hecha del poder revolucionario que no es el poder actual”.
La tabla de salvación
La unidad de las fuerzas democráticas en la Asamblea Nacional, más la vigilancia de la sociedad civil organizada, son los elementos que deben fusionarse para frenar las ilegalidades del Ejecutivo y empujarlo hacia una reflexión que le haga ver que sus pretensiones ya no tienen cabida en la Nicaragua actual.
El analista Cairo Amador asegura que la sociedad nicaragüense se ha abierto paso para conjugar la democracia representativa con la democracia participativa.
“A diferencia de los años anteriores el rol del Legislativo en estos momentos está siendo permanentemente seguido por la población”, advierte.
Amador afirma que esto hace escabroso el camino del Ejecutivo hacia la inconstitucionalidad. Según el analista, años atrás, la Asamblea Nacional no era el centro de la política nicaragüense. “Ahora es el ombligo”.
El politólogo confía que en la Asamblea se van a centrar todas las discusiones políticas en cuanto al accionar de Ortega, “los partidos políticos van a definir sus acciones dentro de la Asamblea y fuera de la misma, ahí es donde van a demostrar la coherencia con sus principios con el sistema democrático de gobierno y ahí es precisamente donde puede haber agenda común entre los diferentes partidos para mejor proveer a la defensa del sistema democrático de gobierno”.
cambio de mentalidad en diputados
No obstante, Alberto Saborío, si bien reconoce que Ortega encontrará un gran obstáculo en el Legislativo, advierte que no hay que olvidar que este poder del Estado en el pasado ha sido muy maleable: “Hay muchos diputados que han estado en el pasado y que también participan de una mentalidad muy personalista del poder y lo que ellos quieren es salvar a su cacique y no piensan en función de Nicaragua”, infirió.
“Que esa muralla (Legislativo) se agriete por la corrupción o por las percepciones que ellos (los diputados) tienen del poder, eso tendría sus responsabilidades con el pueblo nicaragüense”, dijo.
Pero Tinoco se mostró optimista al afirmar que cabe la posibilidad de que el parlamento decida modificar la Ley 290 y quitar todo sustento legal a la existencia de los consejos, principalmente al Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que coordina con atribuciones ministeriales la Primera Dama, Rosario Murillo.
“Yo no digo que necesariamente haya que reformar todo, por ejemplo, el consejo de combate al hambre, podría quedar, pero los que son más peligrosos, desde el punto de vista de la libertad, la democracia, los derechos ciudadanos y el Estado de Derecho, los más importantes podrían ser modificados”, explicó Tinoco.
Para Belli, hay una gran oportunidad en el Legislativo, sobre todo si dentro de este poder predominan los elementos democráticos, “ahí vemos un reto muy fuerte para el liberalismo e incluso para ciertos sectores del Frente Sandinista”, acotó.
El beneficio de la duda
El filósofo Alejandro Serrano Caldera prefiere pensar que los actos de ilegalidad del Ejecutivo sólo son errores que se van a enmendar.
“Quisiera creer que son errores, pero en todo caso, yo quisiera responder más bien reafirmando la necesidad del respeto a la ley, del respeto a la legalidad, a la institucionalidad y al Estado de Derecho, que es lo que efectivamente puede garantizarnos un buen gobierno, que es lo que todos los nicaragüenses queremos”, opina.
Belli afirma al respecto que “es fácil construir teorías de conspiración y atribuirle intencionalidad a todo lo que ocurre”, sin embargo, advierte que la realidad es más compleja, por lo que apela por darle chance a la ilusión del cambio de los líderes sandinistas, “creo que de nuevo conviene darle el beneficio de la duda a los que cometen errores”, señaló.
