- Sistema judicial nica es débil y no cumple con principios de imparcialidad e independencia
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Representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) visitaron Nicaragua para instar al gobierno a que cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del partido indígena Yatama, excluido de las elecciones municipales del año 2000.
También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y entes gubernamentales para abordar temas relacionados a los derechos humanos y sus perspectivas con el nuevo gobierno.
Marcia Aguiluz, abogada del Cejil, dijo a LA PRENSA que “la impunidad es un hecho que nos llena de preocupación” y alertó sobre la urgencia de aprobar el reglamento de la Ley de Carrera Judicial.
Legislación débil
Aguiluz sugirió que los derechos humanos en Nicaragua deben ser parte de la agenda política, porque en Nicaragua “se deja a un lado a las poblaciones vulnerables, lo que genera más problemas sociales”.
“Hay debilidades tanto en las leyes como en la aplicación de las mismas”, aseveró.
En este sentido, dijo que “hay grandes vacíos legales y penas irrisorias en comparación a los daños que se causan”.
Señaló que peor que los vacíos, es el hecho de que la aplicación de la ley no es efectiva.
La jurista agregó que la impunidad envía a la sociedad la señal de que se puede seguir cometiendo delitos. “Como no se sanciona a los responsables, se genera más violencia”, razonó.
El Cejil es un organismo regional que litiga e identifica violaciones a los derechos humanos ante la CIDH, principalmente cuando el sistema judicial de un país muestra deficiencias o falta de voluntad para dar seguimiento a denuncias sobre violaciones sistemáticas. Este organismo posee oficinas en Washington, Costa Rica, Brasil y Argentina.
El caso Yatama
En las elecciones municipales del año 2000 el partido Yatama fue excluido de la contienda porque no alcanzó el porcentaje necesario para participar.
La organización indígena no tuvo opción de presentar un recurso de revisión, por lo que Cejil llevó el caso ante la CIDH, la que resolvió a favor de Yatama en julio del 2005.
Dentro de la sentencia, la CIDH estableció la necesidad de hacer reformas legislativas, para asegurar que todo acto electoral que pueda violar derechos humanos tenga un recurso sencillo, rápido y efectivo.
Según Aguiluz, otra de las indicaciones de la CIDH es que la Ley Electoral considere los usos y costumbres de las comunidades indígenas para permitir su participación política bajo sus propios términos y no necesariamente bajo la figura de un partido político.
“Es fundamental reconocer los derechos políticos de estas poblaciones y es lo que el Estado de Nicaragua no ha cumplido”, afirmó Aguiluz.
NO HAN INDEMNIZADO
Aclaró que el fallo surge en base a los acuerdos internacionales que Nicaragua ha ratificado, en los que se establece que todo acto violatorio de los derechos humanos debe tener una indemnización, con un componente económico, además de la garantía de tomar medidas para que los hechos no se repitan.
El Cejil denunció que la indemnización no ha sido cancelada a los afectados, pese a que el gobierno se comprometió a hacerlo.
Recordó que Nicaragua está utilizando a la CIDH en una demanda que interpuso en contra de Costa Rica. “Si se espera un fallo a favor, lo más lógico es que también se someta a cumplir lo que el mismo sistema le ordena”.
