El Plan Súper Mano Dura de Elías Antonio Saca es tan emblemático como la famosa carretera Managua-Masaya del ruidoso Plan Nacional de Desarrollo de su colega Enrique Bolaños. Y sus resultados son tan cuestionables como la construcción de la vía.
El presidente salvadoreño no pierde una ocasión para ufanarse de haber capturado a no sé cuántos miles de pandilleros y cabecillas, de haber obligado a las maras a replegarse, que los índices delictivos han disminuido, etc.
Las dos últimas semanas evidenciaron que las pandillas continúan cobrando “el impuesto” a los transportistas y comerciantes con impunidad y con la usual brutalidad sanguinaria. Suben a los buses, extorsionan a choferes y ayudantes, los matan y hasta queman las unidades.
Las asociaciones de transportistas pegaron el grito al cielo, exigen protección del gobierno y amenazan con paros para presionar. Admitiendo una profunda desesperación, han llegado a afirmar que podrían hacer justicia con sus propias manos, lo cual seguramente empeoraría aún más las cosas. También han reconocido que negocian con los pandilleros para evitar que les sigan matando o quemando los buses o los microbuses.
De acuerdo a los dirigentes gremiales del comercio, se pagan miles de dólares mensualmente a distintos grupos, que pertenecen principalmente bien a la Mara Salvatrucha o bien a la Mara 18.
Los transportistas hablan de hasta medio millón de dólares en pagos, en algunos casos.
Hasta agosto, 18 buses y microbuses han sido incendiados, 60 conductores y cobradores han sido asesinados y decenas de miles de comerciantes de todo tipo, hasta los pulperos de barrio, enfrentan extorsiones que van desde los cinco hasta los 50 mil dólares, reportó el rotativo El Diario de Hoy.
El problema, existente en San Salvador y otras ciudades, parece haberse agravado recientemente en San Miguel, la tercera en importancia del país. Su alcalde incluso está señalando a pandilleros “hondureños y nicaragüenses” entre los extorsionistas.
El índice diario de homicidios en El Salvador llega a 12, el más alto de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica.
El pequeño país tiene una historia de violencia social que se remonta la década de los años 30, cuando una insurrección campesina dirigida por los comunistas fue ahogada en sangre por el gobierno de entonces.
Entre otros factores, están la guerra civil de los años 80, la proliferación de armas y la importación de los modelos de comportamiento de la subcultura de las pandillas de las grandes urbes de Estados Unidos.
Desde el fin de la guerra y el comienzo del período democrático en 1992, los gobiernos de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) han privilegiado la represión como método de respuesta a la criminalidad.
El antecesor de Saca, Francisco Flores, reformó el código penal para endurecer los tratos a los pandilleros y desarrolló una amplia campaña de detenciones mejor conocida como el Plan Mano Dura.
Saca, quien asumió en 2004, posteriormente ideó el Plan Súper Mano Dura. Antes, eso sí, hubo de anular la previa reforma legal y el plan de Flores, porque un panel de la ONU determinó que éste contravenía los tratados internacionales de derechos humanos.
Si bien Saca — un empresario radial que posee grandes habilidades mediáticas— ha impulsado planes que equivalen a la zanahoria (distinta al garrote del Súper Mano Dura), como el Plan Amigo, las políticas de seguridad son eminentemente represivas.
Expertos en seguridad ciudadana como José Miguel Cruz, investigador de la UCA en San Salvador, insisten en que, unidas a una espectacularidad mediática que busca mantener la buena imagen del mandatario, las redadas masivas no son una solución al problema. Aún peor, agravan otro: el sistema carcelario de El Salvador está a más del doble de su capacidad.
Cruz y otros insisten en que la respuesta, aunque no es fácil formularla, debe incluir amplios planes sociales que ataques las raíces del problema: pobreza, desempleo, falta de educación y oportunidades, desarraigo familiar, exclusión social. Desde luego, la fuerza siempre será necesaria porque el crimen no desaparecerá por completo.
Esta fórmula, ya casi repetida como un mantra en diversos congresos y seminarios sobre seguridad en Centroamérica, implica que los planes económicos y de desarrollo devienen también en instrumentos de combate a la delincuencia.
Altos índices delictivos son un obstáculo cuando se apuesta a modelos de desarrollo apoyados en la inversión privada, la cual exige un clima propicio y de confianza. ¿Reforzada por el DR-Cafta, no es ésta la apuesta de Centroamérica?
