- Organismos sociales anuncian huelga, para 7 y 8 de junio, contra el DR-Cafta y en protesta por la reducción de beneficios sociales de empleados
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El gobierno del presidente Oscar Arias enfrentará el 7 y 8 de junio la primera huelga general de empleados del Estado, en protesta por un fallo judicial que echó por tierra una serie de beneficios logrados en convenciones colectivas y contra el tratado de libre comercio con Estados Unidos (DR-Cafta).
Los principales sindicatos y federaciones de trabajadores del Estado, incluido el poderoso gremio de los educadores, acordaron una huelga de dos días para defender sus derechos laborales, que consideran lesionados por la sentencia de la Sala Constitucional.
Esta semana la Sala Constitucional derogó una serie de derechos de los trabajadores de algunas instituciones estatales, como el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Caja Costarricense del Seguro Social y otras, tras calificarlos como privilegios.
Arias: “No es la mejor manera de hacer patria”
Arias advirtió a los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil que “nadie impedirá” que el Congreso decida la suerte del tratado.
“Con relación al TLC (DR-Cafta) que está en trámite en la Asamblea Legislativa, nadie va a impedir que los diputados hagan su trabajo(…) es inútil, no le veo sentido y tampoco es la mejor manera de hacer Patria, anunciar paros que sólo perjuicios le traen al país. ¿A quién benefician con algo así?, a nadie”, declaró el Presidente.
Al llamado de huelga se sumaron las organizaciones sindicales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), monopolio estatal de la energía y las telecomunicaciones que consideran que esa empresa se encuentra amenazada por el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por Centroamérica y Estados Unidos.
El gobierno de Arias pretende ratificar el DR-Cafta en el Congreso antes de fin de año.
Invita a negociar
Arias pidió a los trabajadores “que lo piensen dos veces. Si se trata de los sindicatos del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) están invitados a Casa Presidencial el próximo martes 30 de junio. Yo no los voy a convencer de que el TLC es conveniente para el país, ni ellos me van a convencer que el TLC es inconveniente para Costa Rica”.
Analista: “Algunos conservan privilegios”
“Aquí se están tomando resoluciones puntuales. No hay una visión integral, porque si bien es cierto puede que haya privilegios otorgados en las convenciones colectivas, hay otros privilegios que tienen otros sectores, como por ejemplo la banca, que se dejan intactos; entonces eso provoca malestar y presión en los movimientos sociales”, declaró a la AFP el analista político Luis Guillermo Solís.
Solís dijo que “desafortunadamente todo el mundo le está metiendo más presión a la olla, por un lado los sindicatos y los movimientos sociales y por otro lado el gobierno, y eso puede tener un desenlace peligroso”.
Considerada como una de las democracias más estables y antiguas de la región, Costa Rica entró en un proceso de confrontación social a partir del 2000, cuando el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez intentó coronar el modelo neoliberal con la privatización del ICE, lo que no pudo lograr.
Asimismo, los gobiernos de los últimos 20 años no pudieron hacer retroceder la pobreza que abate a un millón de los cuatro millones de habitantes del país, la desigualdad creció, según diversos estudios, y los políticos se desacreditaron con acusaciones de corrupción que alcanzaron a tres ex presidentes de la República.
Los sindicatos y movimientos sociales ven a Arias, que asumió el pasado 8 de mayo, como un presidente que busca profundizar el neoliberalismo, en tanto que el gobierno acusa a los sindicatos de buscar la confrontación social y el quiebre del orden constitucional.
“Si no se da un proceso de diálogo, si no se define un modelo de desarrollo en el que todos los sectores coincidan y cedan en algo, esto va por muy mal camino”, advirtió Solís.
