Gobernadores de varios estados de Estados Unidos fronterizos con México, dijeron que la presencia de efectivos de la Guardia Nacional puede mejorar la seguridad a corto plazo en la frontera, pero que el gobierno federal deberá apostar allí más agentes de inmigración en el futuro.
Los gobernadores respondieron así a la propuesta del presidente George W. Bush, del lunes, de enviar a unos 6,000 efectivos a reforzar la frontera y ganar el apoyo de los conservadores para una reforma de las leyes de inmigración en este año electoral.
La gobernadora demócrata de Arizona, Janet Napolitano, cree que la Guardia dará más libertad a las autoridades federales para concentrarse en la seguridad, pero quiere más agentes de inmigración y cree que la Guardia no debe patrullar.
“La gobernadora no está a favor de la militarización de la frontera y aparentemente el Presidente tampoco”, dijo su vocera Jeanine Lecuyer.
El gobernador republicano de California, Arnold Schwarzenegger, dijo que la presencia de los efectivos podía ser un remedio a corto plazo, pero que la protección de la frontera “no es función de la Guardia Nacional”.
“California envió miles de efectivos de la Guardia a Irak, y los necesitaría en caso de terremotos, inundaciones y otros desastres”, dijo Schwarzenegger. “¿Si uno tiene 6,000 en Irak y manda otros 6,000 a la frontera, qué le queda?”, se preguntó.
En Nuevo México, el gobernador demócrata Bill Richardson dijo que agradece al Presidente por prestar atención por fin a los problemas de los estados fronterizos, pero duda de que el gobierno federal pueda cumplir sus promesas.
El republicano Rick Perry, de Texas, se felicitó porque el gobierno comprende que la Guardia puede cumplir una función en la frontera: “Somos capaces de realizar tareas múltiples”.
Los más radicales defensores de una “amnistía” para inmigrantes ilegales y sus antagonistas, los cazainmigrantes, conocidos como ‘Minuteman’, expresaron su irritación.
“Llevar soldados que han estado en Afganistán y en Irak a la frontera con México, traerá más caos, más muerte y agudizará la violencia latente en esta región”, dijo a la AFP, Tony Bernabé, coordinador de programas laborales de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).
La propuesta fue formulada en “un discurso que no fue otra cosa que un truco publicitario para tratar de dejar a todo el mundo contento”, opinó por su parte Rick Biesada, cofundador del Proyecto Minuteman, en Chicago, citado por el diario Chicago Tribune.
Bush “tiene que tomar decisiones fuertes. Esta gente entró al país ilegalmente. No tendrían que ser recompensados por ello”, agregó Biesada, oponiéndose al plan de trabajadores temporales que propuso el mandatario como vía para legalizar a una parte de los 12 millones de inmigrantes ilegales.
Este plan “de trabajadores huéspedes está repleto de trabas: exige un contrato empresarial de Estados Unidos e incluso un desembolso de 500 dólares, por ejemplo, para un campesino mexicano que no los va a pagar jamás”, indicó Bernabé, también en contra de esa alternativa planteada por la Casa Blanca.
El Presidente “dio un doble discurso en el que intentó satisfacer a las dos corrientes de su partido: a la ultraderecha que desea medidas militares y arrestos contra los inmigrantes, y al ala más flexible que admite que los inmigrantes son necesarios para una cantidad de trabajos que mueven el país”, opinó Nativo López, presidente de la Mexican American Political Association (MAPA).
Opinan nicas
Julio Cardoza, director de Casa Nicaragua, una organización comunitaria en Los Ángeles, asegura que la decisión del presidente Bush de enviar tropas a la frontera, es errónea, “la inmigración ilegal no se detendrá militarizando la frontera. El flujo de personas hacia este país es producto de la fallida política norteamericana en América Latina”.
Wilfredo Bonilla, un nicaragüense dueño de un próspero negocio de cerrajería automotriz, opina que la decisión presidencial de incrementar las penas a quienes contraten mano de obra indocumentada crearía caos en la nación. “Si no tuviésemos mano de obra barata, se elevarían los precios, y esto a la larga afectaría seriamente a la economía. Nadie quiere pagar precios elevados”, dijo.
(Con la colaboración de Luciano Cuadra, en EE.UU.).
