- Brasil dice: indemnizaciones es asunto abierto
El Gobierno de Evo Morales comenzó a poner en práctica la nacionalización de hidrocarburos, decretada la semana pasada, al designar representantes estatales en la administración de cinco empresas filiales de multinacionales que operan en Bolivia desde la década pasada.
El Presidente indígena designó a 30 fiscalizadores estatales en la administración de las empresas mixtas constituidas por el Estado boliviano con filiales de petroleras de España, Gran Bretaña, Brasil y Estados Unidos, en lo que constituye el primer paso franco hacia la nacionalización de hidrocarburos, que decretó a principios de mes.
Morales designó el lunes a estos 30 fiscalizadores en las empresas Andina (Repsol-YPF), Chaco (British y Bridas-Argentina), Transredes (Shell-Enron), además de Petrobras-Bolivia-Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana.
La medida fue adoptada en estas empresas en las que el Estado boliviano tiene participación en un 48 por ciento del paquete accionario a través de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, en arreglo a una ley que rigió entre 1993 y 1997 de capitalización de empresas públicas, inclusive las estratégicas.
Según el anuncio de Morales, el pasado 1 de mayo el Estado boliviano aumentará su participación en estas empresas a 51 por ciento, y el primer paso es una auditoría que permita establecer el estado real de estas empresas.
“Pasaron diez años de la década infame (de privatizaciones). Ahora siento que las personas que van a integrarse como síndicos y directores están entrando a un infierno, y el pueblo boliviano quiere saber qué es lo que hay ahí adentro”, afirmó el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz.
La política de nacionalización de Morales no implica la expropiación ni la expulsión de cerca de 70 compañías.
El canciller brasileño Celso Amorim consideró el martes que el decreto de nacionalización de los hidrocarburos bolivianos no aclara algunas cuestiones y deja la puerta abierta al pago de indemnizaciones.
“El decreto no es en mi opinión totalmente claro”, dijo Amorim, quien citó, entre otras cuestiones sin aclarar, la incidencia que tendrá el documento sobre los contratos de abastecimiento de gas y el eventual derecho de los afectados a reclamar indemnizaciones, entre ellas la estatal brasileña Petrobras.
La otra decisión del presidente Morales, la de abolir a fines de mayo el latifundio en Bolivia, afectará grandes posesiones que brasileños poseen en el riquísimo oriente boliviano.
Morales proyecta una profunda reforma agraria que implica la expropiación de tierras ociosas en distritos del este, sudeste y norte de Bolivia, según anunció este lunes el Viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
