- Surgen posiciones encontradas en Miami y California
El boicot anunciado para el primero de mayo a nivel nacional, en apoyo a la legalización de casi 12 millones de indocumentados, ha causado división entre algunos de sus organizadores que consideran no se le puede exigir a Estados Unidos lo que debe hacer.
Este boicot, dirigido principalmente por organizaciones mexicanas ubicadas en California, llama a no comprar ni vender productos estadounidenses, no asistir a los centros de trabajo, ausentarse de las escuelas y permanecer en vigilia.
En Miami, dos organizaciones nicaragüenses y de otras nacionalidades anunciaron hoy su rechazo al boicot.
Fraternidad Nicaragüense y el Consejo Nicaragüense-norteamericano para la Democracia y el Desarrollo (Conaded), dijeron que no están de acuerdo con ninguna actividad que perjudique a las empresas y centros de trabajo y a la economía de Estados Unidos.
“No presentarse a trabajar o no comprar o vender productos de empresas norteamericanas, pone en peligro la estabilidad económica de los propios indocumentados y crea un ambiente de presión negativa en contra de los miembros del Congreso, lo que constituye un arma de doble filo para la aprobación de la Ley (de Reforma Migratoria)”, dijo en un comunicado la Fraternidad Nicaragüense, dirigida por Nora Sándigo.
En entrevista con LA PPRENSA, Sándigo dijo que “deseamos reafirmar que consideramos que la lucha por una reforma inmigratoria es un movimiento de naturaleza humanitaria y no política y debe ser conducido de manera que sirva para motivar positivamente a los legisladores sobre la necesidad de aprobar la legalización de una inmensa mano de obra que es fundamental para la economía de Estados Unidos”.
Por su parte, Conaded mostró preocupación de que la actividad del primero de mayo pueda ser manipulada por elementos que tengan intereses ajenos a los de los inmigrantes y al buen funcionamiento de las leyes y el orden de Estados Unidos.
“En nombre de Conaded queremos tomar distancia con respecto al boicot nacional, sin renunciar a la lucha social para que los indocumentados obtengan su permanencia legal en esta gran nación”, dijo Miguel Montalván, presidente de esa organización.
En un comunicado, la Cámara de Comercio Nicaragüense también rechazó el boicot.
“Rechazamos ese boicot porque es dirigido a desestabilizar la economía de Estados Unidos y eso no sólo perjudicaría al país, sino a los mismos inmigrantes ilegales. También queremos reafirmar nuestro apoyo para que todos los ilegales obtengan sus residencia, pero no con esos métodos”, dijo el comunicado.
Sándigo dijo que otras organizaciones también rechazan el boicot y mencionó entre ellas a la Iglesia Católica, la Cámara de Comercio Latina (Camacol), la Liga de Votantes Latinoamericana, Unidad Hondureña y otros organismos nicaragüenses.
Sándigo dijo que organizaciones de otros estados de la Unión norteamericana, a las que no mencionó, también rechazan el boicot por considerar que es “contraproducente”.
El analista político nicaragüense Edgard Macías, calificó el boicot de “una idea equivocada”. “El boicot es una acción de fuerza dañina para la economía de Estados Unidos. Fue una idea equivocada por las personas que lo organizaron, pues no pensaron en las consecuencias negativas para los indocumentados”, explicó Macías.
Según Macías, si los indocumentados o legales no trabajan, podrían ser despedidos de sus empleos, pues deben presentar una justificación válida por su ausencia. Además, si llaman a no comprar o vender productos norteamericanos, es una actitud realmente negativa.
Sin embargo, la nicaragüense María José Cuadra, protegida por el Estatus de Permanencia Temporal (TPS), el boicot es “correcto y legítimo”.
“Ésta es una forma de demostrar que los inmigrantes indocumentados son una realidad en este país, que pagan sus impuestos y ayudan al desarrollo de la economía de Estados Unidos”, dijo.
