- Se definirá sobre demandas de reos en Guantánamo
La Corte Suprema de Estados Unidos debe analizar el martes el caso del ciudadano yemení Salim Ahmed Hamdan, susceptible de legitimar o invalidar ante la justicia civil decenas de demandas de prisioneros mantenidos por Washington en la base militar de Guantánamo (isla de Cuba).
Salim Hamdan, ex chofer de Osama bin Laden fue arrestado en Afganistán en noviembre de 2001, transferido algunos meses más tarde a Guantánamo, acusado de conspiración en julio de 2003 por un tribunal militar especial.
El detenido se dirigió a la justicia civil estadounidense para impugnar la validez de estos tribunales instaurados por el presidente George W. Bush después de los atentados del 11 de septiembre.
Aceptada en primera instancia pero rechazada en apelación, su demanda llegó ante la Corte Suprema de Justicia.
Solamente ocho de los nueve jueces del máximo organismo judicial estadounidense se ocupan del asunto. El presidente de la Corte, John Roberts, recientemente nombrado, fue recusado porque tenía un cargo en ese entonces en el seno de la Corte Federal de Apelaciones que rechazó la demanda de Hamdan.
Pero antes de resolver sobre la validez de los tribunales militares, los ocho magistrados deberán estudiar su propia competencia.
El Gobierno estadounidense ha pedido a la Corte declararse incompetente, apoyándose en una ley promulgada a fin de diciembre y que impide supuestamente este tipo de recursos.
Un artículo de esta ley sobre tratamiento de detenidos (“Detainee Treatment Act”), cuyo objetivo anunciado es evitar las torturas y abusos, limita en forma rigurosa a los prisioneros de Guantánamo las posibilidades de recurrir a la justicia civil estadounidense.
Ellos pueden impugnar solamente en forma muy limitada su estatus de “enemigo combatiente” delante de la corte federal de apelaciones de Washington la que no tiene la obligación de hacerse cargo de la demanda.
De otra manera, ellos deberán esperar ser juzgados por un tribunal militar especial para poder impugnar su detención.
Hasta ahora, apenas 10 de los casi 490 detenidos en Guantánamo —algunos de los cuales llegaron en 2002— fueron inculpados, pero ninguno juzgado.
El Gobierno afirma que instaurando un procedimiento único para los detenidos de Guantánamo, la ley (retroactiva) anula las decenas de recursos entablados en Estados Unidos antes de su promulgación.
Según un escrito depositado por los abogados del Gobierno, sólo la Corte de Apelaciones federal de Washington puede analizar un asunto ligado a Guantánamo, y esto de manera muy limitada.
Señalan que las otras jurisdicciones, entre las que está incluida la Corte Suprema, no son competentes.
Los abogados de Salim Hamdan entienden al contrario que no es posible anular los pleitos en curso y que los detenidos no pueden ser privados del derecho constitucional de impugnar su detención.
Si la Corte sigue la argumentación del Gobierno, ello entrañará el rechazo sistemático de las denuncias de malos tratos formuladas ante tribunales inferiores.
Será “un retorno al agujero negro”, declaró a la AFP Eugene Fidell, abogado especializado en derecho militar.
