José Miguel. Fajardo C.
Cada cierto tiempo y de forma cíclica aparece el problema de la tarifa del transporte urbano colectivo de Managua y la demanda de los prestatarios de este servicio exigiendo al Gobierno un subsidio calculado y respaldado casi de forma abierta por aquellos cuya obligación es el de regularlo, controlarlo y supervisarlo para beneficio de los usuarios y de la economía nacional, considerando los factores económicos, como es el alza internacional del petróleo.
El paro de transporte, en cualquiera de sus modalidades, se dio de forma abrupta, casi delincuencial. Las chatarras usadas para prestar el servicio de transporte urbano colectivo en Managua tienen una edad promedio de doce años o más, por lo que ya fueron ampliamente depreciadas y si tienen algún valor es el residual o de desecho que ronda en promedio los quinientos dólares.
Para que el transporte vuelva a funcionar bastaría con contratar nuevos choferes y echar a andar dichas unidades. Para resguardar y dar mantenimiento a las unidades están las instalaciones de lo que se llamó Enabus, que aún le pertenecen al Estado por incumplimiento de contrato, de quienes actualmente las usufructúan. Proceder a otorgar nuevos subsidios es fomentar la ineficiencia y el arribismo, y continuar con el expolio de los ciudadanos.
Es la ocasión de buscar una solución definitiva e integral a este problema. El Gobierno deberá evaluar el costo beneficio de sus decisiones financieras a muy corto plazo. También deberá tomar en cuenta las protestas de diversos sectores sociales que demandan un reajuste salarial. Es necesario que los señores con megasalarios actúen con firmeza para beneficiar al pueblo y no a un grupo de intransigentes que ni impuestos pagan.
