Rigoberto Miranda Donaire
La situación económica del país obliga a muchos pacientes a solicitar ayuda en los diferentes medios de comunicación, buscando respuesta a la necesidad de conseguir los medicamentos que le han sido prescritos.
Por otro lado es común hablar sobre los insumos médicos exigiendo mayores incrementos en ese rubro. En tal sentido en lo que menos se hace énfasis es en el uso indiscriminado de medicamentos que se hace en el sector público y privado lo que incrementa el caos en la demanda.
Es ilógico que el Minsa destine miles de dólares en la actualización de normas y capacitaciones en el uso racional de medicamentos cuando en la realidad no se lleva a la práctica.
A esto le sumamos el hecho que ni siquiera la población tiene la opción a la prescripción en genéricos, pues en las unidades de salud y hospitales el personal médico en su mayoría, prescribe medicamentos con nombres comerciales con el único objetivo de promover las ventas de empresas farmacéuticas obviando el capítulo I, arto. 7 numeral 40 de la Ley General de Salud que dice textualmente: “Arto. 7. Son competencias y atribuciones del Minsa: 40) asegurar que los medicamentos prescritos en los establecimientos públicos de salud sean únicamente genéricos”; todo esto sin la menor atención de las autoridades de salud, quienes inclusive avalan farmacias privadas dentro de los hospitales del Estado y promueven farmacias “autogestionarias” de dudoso amparo legal.
Es necesario entonces hacer una revisión profunda y exhaustiva del actuar de la institución rectora, la cual debe fundamentar sus acciones apegadas a la política nacional de medicamentos y leyes vigentes de la materia que promueven el uso racional de medicamentos y la implementación de una política de genéricos que beneficiaría en gran medida a la población.
Farmacéutico graduado en la UNAN-León
