La facultad de designar magistrados corresponde al Presidente panameño Martín Torrijos, pero debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa que domina el partido de Torrijos.

Comisión escogerá a magistrados panameños

Analizarán exhaustivamente el perfil de nuevos candidatos para la Corte Suprema de Justicia PANAMÁ/AP El Gobierno instaló una comisión especial para evaluar a los aspirantes a reemplazar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les vence el período a fines de diciembre. Dicha comisión que integran representantes de las escuelas […]

  • Analizarán exhaustivamente el perfil de nuevos candidatos para la Corte Suprema de Justicia

PANAMÁ/AP

El Gobierno instaló una comisión especial para evaluar a los aspirantes a reemplazar a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes se les vence el período a fines de diciembre.

Dicha comisión que integran representantes de las escuelas de derecho, organizaciones civiles, eclesiales, obreras, empresariales y la Procuraduría tendrá la función de analizar el perfil de los aspirantes, dijo el domingo el Ministro de la Presidencia, Ubaldino Real.

DETERIORADA PERCEPCIÓN DE LA JUSTICIA

Para algunos el establecimiento de una comisión evaluadora es apenas un paso en los esfuerzos por contrarrestar la deteriorada percepción de la justicia.

El dedo que designa a los magistrados sigue vigente, dijo el domingo el abogado Ramón Castellanos a la radio RPC y aspirante al cargo de Defensor del Pueblo.

La facultad de designar a los magistrados, cuyo período es de diez años, recae sobre el presidente Martín Torrijos y debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa, cuya mayoría es del Partido Revolucionario Democrático del mandatario.

DESVISADO POR CORRUPCIÓN

La selección de nuevos magistrados para reemplazar a Arturo Hoyos y a Jorge Federico Lee en medio de un debate sobre la deteriorada imagen de la justicia, luego que Estados Unidos cancelara recientemente la visa al magistrado Winston Spadafora.

Estados Unidos dijo que revocó la visa a Spadafora, tras aplicarle un cláusula de la ley de inmigración que excluye de ese documento a funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción.

LOS ACUSAN DE BENEFICIAR A NARCOTRAFICANTES

La Corte ha sido frecuentemente acusada de corrupción y de estar politizada.

Un anterior episodio que estremeció al órgano se dio en marzo pasado cuando uno de los nueve magistrados denunció a varios de sus colegas, incluyendo a Spadafora.

A ellos se les señala de emitir fallos con los que supuestamente beneficiaron a narcotraficantes.

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