Mirna Velásquez [email protected]
La Procuraduría General de la República (PGR) duda de la transparencia que pueda tener la investigación que a lo interno realiza la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el caso de la salida ilegal de 609 mil dólares que se encontraban en una cuenta de esa institución.
Por esta razón, el procurador general Alberto Novoa envió una misiva al primer comisionado Edwin Cordero Ardila, solicitándole que sean la Policía Nacional y la Fiscalía las que estén al mando de las averiguaciones.
“La transparencia empieza por casa y yo creo que es difícil que alguien se esté autoinvestigando. ¿Qué pasaría si en este proceso administrativo existieran dirigentes de un Poder del Estado involucrados? Yo creo que por lo menos la población querrá saber cuál es el nivel de involucramiento de estos altos funcionarios”, declaró el Procurador Penal Nacional, Iván Lara Palacios.
“Es difícil que se autoinvestiguen. Lo más sano es que esta investigación la hubiese hecho la Policía Nacional y la Fiscalía General de la República”, añadió.
El magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, envió una comunicación a la Fiscal Adjunto, María Lourdes Bolaños, pidiéndole que desistiera de continuar las investigaciones en las que han sido mencionados los nombres del presidente de la Corte, Manuel Martínez, y el magistrado Rogers Camilo Argüello.
“Reiteramos que la Policía Nacional continúe con las investigaciones, en torno a la denuncia interpuesta por la PGR, y dejamos sentada desde ya nuestra más formal y enérgica protesta por las limitantes que se trata de imponer a las facultades que constitucional y legalmente le corresponden a la Policía Nacional (…)”, apunta la misiva suscrita por el Procurador General.
La semana pasada, la Procuraduría denunció al presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez Sevilla; al magistrado Rogers Camilo Argüello, a los jueces Moisés Rodríguez y Julio Morales; a la notario Astrid Berenice Bracamonte Hernández y los abogados Javier Antonio López Poveda e Israel Zelaya. A todos se les menciona como autores de delito contra la administración de justicia y peculado.
La carta de Novoa fue enviada al comisionado Cordero después que la Policía Nacional renunció a investigar los hechos denunciados por la PGR ante la Dirección de Auxilio Judicial.
¿SE VAN A AUTOSUSPENDER LOS MAGISTRADOS?
El procurador Lara Palacios valoró que no es lógico ni apegado a derecho ni transparente que sea la misma Corte la que trate de investigarse a sí misma, porque en este caso se han mencionado desde abogados hasta las máximas autoridades de la CSJ.
“Consideramos que debe haber una investigación transparente, que nos conlleve a obtener elementos o evidencias que determinen verdaderamente quiénes son los responsables de este hecho”, dijo Lara.
El viernes pasado la Corte suspendió provisionalmente a los jueces suplentes Julio Morales, Moisés Rodríguez y Julissa Carolina Bonilla Martínez, pero esta decisión fue cuestionada por el procurador Lara, quien preguntó: “¿Se van a autosuspender los magistrados?”
El magistrado Manuel Martínez fue quien estampó su firma en el cheque que permitió la salida ilegal del dinero. En tanto, el magistrado Rogers Camilo Argüello realizó el proyecto de una sentencia que ordenaba la devolución de los 609 mil dólares a Luis Ángel González Largo y/o Jorge Eliécer Hernández, procesado por lavado de dinero. La sentencia resultó ser falsa porque no cumplió con los requisitos formales.
La comisión investigadora de la Corte, liderada por el magistrado Martínez, está realizando muy discretamente las averiguaciones del caso. Se espera que en esta semana sean inspeccionados los protocolos de los notarios que han sido mencionados.
El procurador Novoa expuso en su carta que a esta comisión sólo le corresponde hacer un juicio o procedimiento administrativo para imponer sanciones disciplinarias, pero no debe entenderse que la Policía Nacional o el Ministerio Público deben inhibirse del conocimiento e investigación, en cuanto a las responsabilidades penales que puedan derivarse.
JUECES CALLADOS
Los jueces que integran la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) no han emitido ningún criterio sobre la situación de los tres judiciales que fueron suspendidos, pese a que éstos forman parte de dicha asociación.
El juez Jaime Alfonso Solís dijo que le corresponde a la directiva de la asociación reunirse para abordar el asunto, en tanto su colega Rafaela Urroz, Juez Octavo Penal de Juicio, expuso que éste es un proceso que la CSJ ha tomado en especial investigar y, mientras se estén realizando las investigaciones no pueden estar emitiendo opiniones al respecto.
La ex directiva de Ajumanic, Adela Cardoza, se expresó en el mismo sentido: esperarán a que el Consejo de Administración aclare el asunto.
JUEZ SE DECLARA INCOMPETENTE
La Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, se declaró incompetente para resolver la petición que este viernes hizo la Fiscalía en cuanto a anular todo lo actuado en este caso por su suplente Julio Morales.
Guzmán dijo que Morales remitió a la CSJ las diligencias en original de todo lo actuado por él, por lo tanto el caso no está en sus manos.
Recordó que el juicio principal contra González Largo está tramitándose en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua y le corresponde a la Corte Suprema y a la Sala Penal resolver la petición de la Fiscalía para que se restituya el dinero y sea apresada Leyla Bucardo.
