Josué BravoCORRESPONSAL EN COSTA RICA
SAN JOSÉ.- La Comisión de Ingreso y Gasto Público del congreso costarricense descartó de momento la posibilidad de llamar para rendir cuentas al ex Presidente (1986-1990) Oscar Arias, quien esta semana fue acusado ante la Fiscalía por una aparente compra irregular de una finca del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
El presidente de esta comisión, Luis Gerardo Villanueva, aseguró que no es necesario llamar a comparecer al también candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional (PLN) Oscar, para que aclare esta denuncia formulada en su contra.
Villanueva, diputado de la bancada del PLN, aduce que las denuncias en contra del aspirante son parte de una campaña sucia para desacreditarlo y considera que se refieren a un hecho “viejo”.
Esta semana el partido minoritario Rescate Nacional denunció ante la Fiscalía a Arias y a su hermano Rodrigo, porque aparentemente adquirieron tierras adjudicadas inicialmente a dos campesinos en un programa de reforma agraria, las cuales no deberían ser vendidas a particulares.
Se trata de una finca de 19 hectáreas de terreno, adquiridas en la hacienda El Jobo en la Cruz de Guanacaste, provincia fronteriza con Nicaragua.
El partido dijo que los Arias idearon un proceso para forzar procedimientos y levantar limitaciones a la venta de las parcelas. Destaca que el IDA recomendó una investigación que nunca se hizo.
La historia se remonta a finales de los años ochenta, cuando el IDA iba a entregar la parcela a los campesinos Teodora Obando y a su esposo Mario Moreno, quienes cumplían con los requisitos de posesión.
No obstante, el 4 de mayo de 1990, cuatro días antes de concluir la administración Arias, la finca salió inscrita a nombre de Carlos Matías Gonzaga y a su esposa Sharon Flory Summer, vinculados al partido del entonces Presidente.
Para hacer un traslado de lote, según la legislación vigente, se puede realizar 15 años después de otorgado el terreno.
