- Martínez fue quien dejó pasar la orden para que la Corte entregara los US$600 mil incautados a traficantes
- Orden de juez Morales había sido devuelta por la CSJ, porque ponía como beneficiario a un apoderado
Mirna Velásquez Sevilla yJorge Loáisiga [email protected]
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, habría firmado el cheque por más de 609 mil dólares, para devolverlos al colombiano Luis Ángel González Largo, condenado a 10 años de prisión por lavado de dinero, permitiendo así que un grupo de abogados y un juez le metieran un “gol” a la CSJ, tal como advirtió el martes la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños.
LA PRENSA intentó varias veces obtener la versión de Martínez sobre el caso, pero la vocera de la CSJ, Nubia Duarte, dijo que él estaba en reunión.
Duarte prometió concertar una entrevista con Martínez y hasta el cierre de esta edición no lo hizo. Martínez tampoco respondió su teléfono celular.
Pero Duarte explicó que el presidente de la Corte firma o autoriza las salidas de dinero, lo que “es un procedimiento normal”.
La vocera aseguró que Martínez desconocía el trasfondo del caso y si dio su firma para que el dinero saliera, fue porque se dejó llevar por una orden de un juez.
En horas de la mañana Martínez había dicho que el Consejo de Administración y de Carrera Judicial, integrado por cuatro magistrados, hará una investigación de todas las personas involucradas.
“Aquí diario entran y salen grandes cantidades de dinero, eso es un quehacer cotidiano, de cualquier estilo, chiquito o grande. Usted deposita una fianza, le hacen una consignación aquí, diario vienen solicitudes o mejor dicho órdenes de los jueces para entregar cantidades de dinero; se examina la documentación y una vez examinada, se procede. Eso es lo que tenemos que verificar, si ese procedimiento fue cabal o no”, dijo Martínez.
El juez Julio Morales ordenó “liberar” el dinero incautado y depositado en una cuenta de la CSJ, basado en una certificación de sentencia de la Sala Constitucional, que al parecer fue elaborada ilegalmente.
El millonario escándalo de la Corte incluye al magistrado Rogers Camilo Argüello, porque la abogada que emitió la certificación, Astrid Berenice Bracamonte Hernández, dice haber tenido a su vista la sentencia del Libro de Votos de la Sala de lo Constitucional, en el despacho de Argüello.
LA PRENSA también intentó obtener una entrevista con Argüello, pero él se negó a concederla, indicaron en la Dirección de Prensa de la Corte.
“Martínez y otra autoridad de la Corte firmaron un solo cheque, pero en el Banco de la Producción (Banpro) se emitieron varios, cuatro o cinco cheques de gerencia a nombre de González Largo, su mujer y otras personas”, indicó una fuente que pidió el anonimato.
De acuerdo al procedimiento que existe en la CSJ, corresponde al secretario administrativo financiero, Róger Espinosa, firmar los cheques de la Oficina de Fianzas, Incautaciones, Cauciones y Consignaciones, pero en casos especiales como el de González Largo, en el que se devolverían más de 609 mil dólares, “es facultad del magistrado presidente de la CSJ firmar los cheques que tienen montos significativos”, precisó una fuente de la Corte.
Espinosa confirmó a LA PRENSA que ese es el procedimiento correcto a seguir en la vía administrativa, cuando se devuelve dinero de las cauciones, fianzas e incautaciones.
“En las cauciones, las consignaciones y en la fianza la firma es la mía. En el caso de las incautaciones, si éste es de mucha trascendencia y con montos significativos, esos cheques raras veces los firma el presidente de la Corte, normalmente, generalmente, quien los firma soy yo”, aseguró Espinosa al ser consultado sobre el procedimiento administrativo de la CSJ.
“No es lo normal. Lo normal es que yo firme todos los cheques, pero cuando hay casos excepcionales, la firma puede ser del presidente o del vicepresidente”, agregó Espinosa.
También reveló que el oficio que envió el juez Morales ya tenía rato de haber sido enviado, pero fue devuelto porque se tenía que aclarar una serie de inconsistencias que había enviado primeramente, como errores en el nombre de una de las personas.
“Se estaba poniendo como beneficiario a un señor que aparecía como el apoderado, cuando lo que nosotros recibimos y que aparecen en el sistema es el señor González Largo y la señora Bucardo”, explicó Espinosa sin precisar el nombre del supuesto apoderado de González Largo.
La CSJ, que aparentemente no se rige por el principio de la cuenta única del Estado, maneja tres tipos de fondos: los del Presupuesto General de la República; los de la cooperación extranjera para proyectos específicos, y la cuenta donde se depositan las consignaciones, las cauciones y fianzas pecuniarias y el dinero incautado por la Policía a supuestos delincuentes, entre ellos narcotraficantes, denominado fondos de terceros.
El martes pasado, cuando se supo de la trama para liberar a González Largo, la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños dijo: “Creo que le metieron un gol a los magistrados… No se puede sacar a alguien mediante un recurso de queja”.
USARON FALSO PODER
Pánfilo Orozco es el abogado defensor del supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo y/o Jorge Eliécer Hernández, desde que inició el proceso en su contra. Orozco dijo que él no sabe quiénes son los abogados que fraguaron la salida del dinero.
Orozco asegura que los abogados “liberaron” el dinero de las cuentas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) utilizando un poder generalísimo falso.
“Jorge Eliécer nunca le firmó un poder a nadie, pero unos tipos hicieron una trama y sacaron el dinero. Yo vengo aquí (a la CSJ) y me dijeron que el dinero salió, pero que una persona vino con un poder generalísimo”, dijo Orozco.
”El acusado me dijo que nunca ha autorizado a nadie más, incluso yo traje un documento manuscrito donde él dice que no ha autorizado a nadie más que a mí, pero ya el dinero había salido”, sostuvo el abogado.
EL TELEGRAMA
La Juez suplente Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, ha sido enviada de vacaciones dos veces seguidas, desde agosto, y quien asume su lugar es el juez Julio Morales, afirmaron fuentes judiciales. La última vez que regresó a su despacho, Guzmán se encontró con un telegrama que le indicaba que tenía que irse otra vez de vacaciones, y en lo que va del año ya lleva unos dos meses fuera.