Alejandro Flores [email protected]
Los argumentos que presentó la Fiscalía la mañana de ayer, en el Juzgado Sexto Penal de Audiencia, en cuanto a la tipificación del delito de contrabando aduanero, en contra de dos mexicanos, fueron contundentes para que la judicial remitiera la causa a juicio oral y público.
Javier Morazán, representante del Ministerio Público para la causa, en primer lugar refutó los alegatos de los abogados defensores, quienes habían argumentado que no existía tal delito de contrabando aduanero, sino un caso propiamente administrativo.
Sin embargo, la juez suplente María José Arauz, en su resolución le dio la razón al Fiscal, y dijo que sí existía el delito de contrabando aduanero en contra de los mexicanos Luis David Ramírez, de 39 años, y Rigomilda Valencia Barragán, de 37, por tanto remitió la causa a juicio.
ESTÁ TIPIFICADO
La Ley 42 de defraudación y contrabando aduanero estipula que el delito de contrabando aduanero se da cuando una persona no reporta dinero al momento que hace ingreso a un país.
Los mexicanos, según acusación del Ministerio Público, cuando ingresaron el pasado 12 de julio en horas de la noche a Nicaragua, por el Aeropuerto Internacional de Managua, sólo reportaron la cantidad de 10 mil dólares, pero no del dinero que traían oculto en sus maletas, que corresponde a 299 mil ochocientos cincuenta dólares.
La juez además les aclaró a la defensa, Rosa Argentina Solís y Álvaro Ramírez, que el caso sería de carácter administrativo, cuando la cantidad de dinero no reportada sea menor de 50 mil córdobas.
En cuanto al destino que tomaría el dinero decomisado a los mexicanos, la judicial decidió mantenerlo en poder de Aduana.
La juez María José Arauz le mantuvo la prisión preventiva a los imputados, argumentando que éstos no tienen arraigo en el país por ser de otra nacionalidad y porque podrían evadir la justicia con otra medida distinta a la aplicada y mantenida.
Los mexicanos enfrentarán juicio el próximo 26 de agosto donde se definirá su inocencia o culpabilidad, la que va de tres a seis años, en el caso del delito de contrabando aduanero.
