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La Procuraduría Ambiental podría demandar por desacato a la empresa Arenas Nacionales porque nunca detuvo la explotación del cerro Motastepe, a pesar de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo había prohibido.
Esto lo confirmó ayer el procurador auxiliar ambiental, José Luis García, tras comunicarse con Róger Pérez Elizondo, delegado del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, de Managua.
García aseguró que desde un inicio la empresa hizo caso omiso a la resolución administrativa del Marena, que manda a suspender operaciones, por la mala explotación del cerro. Posteriormente se pronunció la CSJ dando la razón al Marena, por lo que la Procuraduría actuaría tras una última inspección en el cerro.
La asesora legal de Arenas Nacionales, Marisol Luna, manifiesta que tales procesos del Marena y la CSJ no existen y desestimó que la Procuraduría haya confirmado tales resoluciones. Además, dijo que las autoridades gubernamentales trabajan a espaldas de la empresa al realizar inspecciones sorpresivas en el cerro, en vez de dirigirse a las oficinas de Arenas Nacionales.
Pérez Elizondo reiteró que la arenera ha “mostrado renuencia” a cumplir las resoluciones, y que incluso “han aparecido permisos gratuitos” a terceras personas, algo que Luna aceptó con el argumento de que todas sus acciones están avaladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. A pesar de eso, prohibió a LA PRENSA realizar fotos de cómo los obreros excavan el cerro.
“Hay problemas, porque está ocasionando inundaciones de arena a poblaciones aledañas; debieron hacer cortes en pendientes, pero lo están haciendo en forma de hongo, es un alto peligro hasta para sus trabajadores”, dijo Pérez Elizondo.
Pobladores como María Mejía dicen que sufren inundaciones de arena cuando llueve, pero que la utilizan para mejorar sus casas, venderla o regalarla a amigos. Otra gente, incluso, realiza excavaciones ilegales aprovechando el “río revuelto”, aunque desaparecen al ver a la Policía.
