- Éste recomienda a los judiciales no dar entrevistas vía telefónica a los periodistas
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Grupo de jueces busca tener Código de Ética
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Éste recomienda a los judiciales no dar entrevistas vía telefónica a los periodistas |
Mirna Velásquez Sevilla
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Un grupo de jueces de todo el país presentó el Código de Ética Judicial, que recoge los deberes, principios y valores éticos básicos para mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales en el país.
El documento apenas ha sido firmado por 31 funcionarios, entre jueces y magistrados de los Tribunales de Apelaciones de todo el país, pero se espera sea suscrito por un total de 450 jueces.
El Código contiene tres capítulos y nueve artículos, muchos de ellos referidos a la probidad y el profesionalismo que debe caracterizar a los jueces y magistrados.
La Juez Segundo Penal de Juicios, Adela Cardoza Bravo, declaró que esperan que entre el 8 y 23 de julio, el Código de Ética haya sido firmado por los 450 jueces y magistrados de todo el país.
FIN A RETARDACIÓN DE JUSTICIA
El espíritu del Código es eliminar la retardación de justicia y toda manifestación de corrupción en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, según informa una nota de la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa.
“Los jueces y magistrados debemos encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, manifestados en la transparencia de nuestras funciones públicas y privadas”, refiere textualmente el preámbulo del documento presentado.
NO MÁS ENTREISTAS TELEFÓNICAS
En el capítulo segundo del mismo documento, referido a la relación de los jueces con los medios de comunicación, se les recomienda ser prudentes y evitar rendir declaraciones o brindar entrevistas a los medios de comunicación por la vía telefónica.
El Poder Judicial y sus funcionarios son blanco de críticas, incluso por el Departamento de Estado de Estados Unidos por responder a directrices políticas reflejadas particularmente en algunos fallos donde los procesados son ex funcionarios públicos.
Otro de los cuestionamientos a este Poder del Estado se relaciona con la “comercialización” de sentencias y otras diligencias judiciales que en algunos tribunales, tienen precio.
