Anne Pérez [email protected]
Todo parece indicar que la consecución de los ocho millones de córdobas necesarios para pagarle a los tres nuevos procuradores especiales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) será muy difícil.
La mañana de ayer, el procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, para solicitarle una nueva reforma a la propuesta de Presupuesto General de la República, que le permita a la PDDH acceder al monto necesario para el salario de los procuradores especiales.
Cabezas Lacayo expresó su descontento ante la falta de dinero, lo que demuestra a su juicio que “no hay preocupación por el cumplimiento de los derechos humanos, más bien es una manera de violarlos”.
Durante la reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Cabezas Lacayo expuso la agonizante situación de la PDDH, la cual sólo tiene una sede en Managua y ninguna filial a nivel nacional.
Cabezas espera una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre el nombramiento de la Procuradora Especial para personas privadas de libertad, María Auxiliadora Urbina.
Urbina fue nombrada, pese a que la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió una resolución a inicios de mayo de este año, en la que ordenaba la restitución laboral de César Augusto López González, quien fue nombrado en ese mismo puesto por el subprocurador.
Recientemente, el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel acusó a Cabezas Lacayo de manejar esa institución, como si fuese “su negocio”, aludiendo el presunto uso indebido de los recursos económicos.
Sin embargo, Cabezas desestimó las acusaciones de Jarquín, explicando que éste “anda molesto por otras cosas”.
