Mirna Velásquez [email protected]
La Ley General de Aguas no fue discutida en el plenario de la Asamblea Nacional como se esperaba ayer, pero eso no evitó que indígenas, la Coordinadora Civil y algunos movimientos que se oponen al proceso de aprobación en lo particular de dicha Ley, se plantaran frente a la sede del Parlamento para pedir a los legisladores que no se privatice.
Un grupo de unas cincuenta personas, parte de la comunidad indígena de Jinotega, se unieron al plantón para denunciar que desde tres años atrás protestan contra la privatización de los recursos hídricos de ese departamento, principalmente el Lago Apanás, ubicado en el mismo departamento.
“La Ley de Aguas tiene sus desventajas ya que en algunas partes favorece siempre a ciertos sectores y nosotros queremos una ley que realmente favorezca a todos la población, que no solamente favorezca las transnacionales o a otros sectores que se vayan a adueñar de los pocos recursos que hay en Nicaragua”, declaró Andrés Coronado Picado, presidente de la comunidad indígena de Jinotega.
Coronado dijo que se opondrán a la privatización ya que los campesinos serían los más afectados ante una eventual privatización.
ARGUMENTOS
El argumento de los protestantes versa sobre el “espacio” que aparentemente deja abierto la ley, aprobada cinco meses atrás, para que se privatice.
Específicamente mencionan que algunos artículos que dan de concesiones abren la posibilidad de la privatización.
Jaime Morales Carazo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Parlamento, criticó este argumento de no tener fundamento.
