Alberto L. Alemán Aguirre
Se parece a otras anteriores en cuanto a su desarrollo, a espectáculo mediático y a pomposas declaraciones, pero algunas de las cuestiones discutidas en la recién concluida 26ta. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA son de verdad importantes y tendrán varias serias consecuencias para Nicaragua y Centroamérica.
En el plano político, para Nicaragua, o más concretamente, para el presidente Enrique Bolaños, asediado por las fuerzas del pacto bipartidista, la reunión ha sido un gran éxito al lograr un muy claro respaldo político de los ejecutivos participantes y que son miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA): Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Belice, República Dominicana y Panamá.
En primer lugar, cabe destacar dos cosas. El mismo día que los pactistas deciden crear una comisión parlamentaria para estudiar el desafuero de Enrique Bolaños por supuestos delitos electorales, la “Resolución sobre la situación de la democracia representativa en Nicaragua” contiene una advertencia de que un Gobierno surgido de una ruptura del orden constitucional, no será reconocido por los estados signatarios de la Declaración. Todos ellos son miembros de la OEA.
Segundo, da un espaldarazo a la propuesta del Presidente, de celebrar un referendo sobre las reformas constitucionales llevadas a cabo por la Asamblea Nacional, las cuales, según los firmantes, han creado un “desbalance” del equilibrio de poderes.
Los gobernantes regionales llaman a prestar asistencia técnica para la realización de la consulta, y además, para la celebración de comicios libres “en 2006”, lo que a nivel internacional resta fuerza a la postura reciente sandinista de adelantar las elecciones. También se apoya el envío de observadores.
Conscientes de la “profunda interdependencia” de Centroamérica, los mandatarios asimismo apoyaron la propuesta de Bolaños de lograr una tregua política que permita hallar una solución democrática a la crisis.
Sin lugar a dudas, Bolaños ha conseguido un respaldo regional que aunque a lo interno no alterará mucho el balance de fuerzas, sí debilita en los ojos de la comunidad internacional los argumentos de sus adversarios liberales y sandinistas. Refuerza su posición ante la presencia de una misión enviada por el Secretario General de la OEA, cuya Carta Democrática ha sido usada como referencia.
Después de un par de reveses y pifias diplomáticas, el Gobierno de Bolaños metió un gol.
En general, la Cumbre fue un pequeño avance más en la consolidación de la integración regional en diferentes aspectos: político, económico, comercial y de seguridad. El hecho de la participación de los presidentes de México y Colombia, así como la de un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, el secretario adjunto Dan Fisk, tiene de por sí un valor apreciable en cuanto a la importancia de la Cumbre.
Entre otros aspectos importantes quisiera destacar los temas de seguridad: las pandillas, la fuerza de reacción rápida antiterrorista, un banco de datos común sobre pandilleros y criminales, una orden de detención regional, la visa única centroamericana y el pasaporte único.
En la mayoría de estos temas, las decisiones finales aún deber ser trabajadas, pero ya caminan.
Excepto el costarricense Abel Pacheco, los presidentes acordaron crear una fuerza de reacción rápida para combatir bandas criminales, aunque admitieron que la misma no podrá tener vigencia inmediata.
El presidente hondureño, Ricardo Maduro, admitió que la fuerza tendrá en su inicio metas más limitadas, puesto que los países deben modificar sus Constituciones.
Maduro indicó que en una primera etapa cada país formará su propia fuerza para operar nacionalmente y en la segunda fase, los elementos podrán realizar operaciones coordinadas en los puntos fronterizos, pero cuidando de no traspasar territorios ajenos. Por último, se buscará un alcance regional cuando los cuerpos legales sean modificados.
Maduro dijo que la tercera fase “es compleja, en el caso hondureño”, porque la Constitución manda que cualquier traslado de fuerzas a territorio extranjero debe ser aprobada por el Congreso.
Nicaragua también podría ser otro caso.
La iniciativa es positiva y deberá fortalecer la muy necesaria cooperación de las policías y ejércitos contra el crimen.
Lo que es aún muy discutible es la presunta relación de las maras con elementos terroristas. Aunque es probable, no hay aún una prueba fehaciente de que existan vínculos reales entre las pandillas y extremistas islámicos, interesados en penetrar el territorio de EE.UU. Pero Washington no deja nada a la imaginación, y de ahí se explica la presencia de Dan Fisk en Tegucigalpa.
Es importante que junto a todo esto, los gobiernos del área no se olviden que el problema de las maras tiene complejas raíces sociales y económicas. Además de represión, hay que enfrentar el fenómeno con soluciones de trabajo, salud, educación y oportunidades para los jóvenes.
