Ludwin Loáisiga López yMirna Velá[email protected]
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió, para tramitar, una serie de recursos por inconstitucionalidad introducidos en contra del proceso de formación de las reformas constitucionales aprobadas en segunda legislatura el 13 de enero pasado, informó Rosa Marina Zelaya, del consejo directivo del Movimiento por Nicaragua.
En los recursos introducidos el siete de abril pasado ante la CSJ, se manifiesta que las reformas cuentan con vicios de nulidad.
Uno es que el texto aprobado en la primera legislatura difiere del ratificado en segunda legislatura, y otro, que los cambios a la Carta Magna rompieron el equilibrio entre los poderes del Estado.
Zelaya también indicó que la CSJ notificó al presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, para que en un período de 15 días se pronuncie respecto a los recursos por inconstitucionalidad. “Para que alegue (Núñez) lo que tenga a bien, dice textualmente la notificación, sobre el recurso presentado”, confirmó Zelaya.
La Procuraduría General de la República también recibió la resolución de la CSJ, respecto al trámite que se le dará a los recursos.
Zelaya explicó que la notificación les llegó el martes a las 11:10 de la mañana, a pesar de que la resolución tiene como fecha el 24 de mayo pasado. “Nos dicen que están en tiempo y forma los recursos por inconstitucionalidad”, dijo Zelaya.
La lectura política, a criterio de Zelaya, es que la resolución estaba “engavetada” y fue la multitudinaria marcha en contra del pacto, realizada el jueves pasado, la que obligó al Poder Judicial a notificar a los miembros del Movimiento por Nicaragua.
“Otro aspecto importante, jurídico y político a la vez que pudiera darse con esto, es que la Corte Suprema de Justicia realmente aplique la Constitución Política y la Ley de Amparo y declare, como en efecto corresponde, la inaplicabilidad de estas reformas constitucionales”, consideró Zelaya.
El resultado, según Zelaya, sería que los nombramientos de los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), realizados por el parlamento, serían anulados y a su vez marcarían el fin de la crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo.
“Éste pudiera ser un gran puente de plata para que la CSJ, cumpliendo con su responsabilidad, se apegue en estricto estado de Derecho y se pronuncie, declarándola inaplicable e ilegal”, comentó Zelaya.
NO CAMBIA POSICIÓN
El presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, ratificó que su posición se mantiene: las reformas constitucionales son legales y no rompen el equilibrio entre los poderes del Estado.
“La CSJ dio una sentencia en este año, validando el derecho de la Asamblea Nacional de hacer reformas a la Constitución y de hacer leyes; nosotros respetamos esa sentencia y la acatamos”, sostuvo Núñez.
Además, manifestó que no es necesario que el texto de las reformas aprobadas en primera legislatura sea igual al ratificado en segunda legislatura.
“No se requiere que sea idéntico, se requiere que no se agreguen nuevos artículos, nada más”, alegó el presidente de la Asamblea Nacional.
Mediante las reformas, los diputados se adjudicaron la facultad de ratificar y destituir a ministros de Estado, directores de instituciones y miembros del cuerpo diplomático, a lo que el Ejecutivo se opone.
Los cambios a la Constitución generaron una crisis que se agudizó cuando el parlamento nombró a los nuevos directores de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), mientras el Gobierno los rechaza.
ROSALES DICE QUE FALTA EL FONDO
El magistrado judicial Francisco Rosales, quien preside la Sala Constitucional, explicó que esa Sala resolvió acumular los recursos por inconstitucionalidad porque todos fueron introducidos en contra del mismo Poder del Estado, presidido por Núñez, y por las mismas causas.
Sin embargo, agregó que la decisión de la CSJ de admitir los recursos por inconstitucionalidad en contra del proceso de reformas constitucionales, para tramitarlos, no implica que se haya tocado el fondo del asunto.
“Se admite el trámite, nada más. El fondo no se ha tocado”, indicó el magistrado.
Detalló que de acuerdo con el procedimiento, el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Núñez, quien es el recurrido, deberá rendir un informe sobre el caso, porque fue quien mandó a publicar las reformas constitucionales, al igual que el presidente Enrique Bolaños y el procurador general de la república, Alberto Novoa.
