María José Zamora
En el diccionario más elemental se define la corrupción como: putrefacción. Alteración o tergiversación. Soborno cohecho: corrupción de un juez, de un funcionario. Vicio introducido en las cosas no materiales: corrupción de la moral.
La palabra terrorismo es definida como: Intento de dominación por el terror. Conjuntos de actos de violencia cometidos por grupos revolucionarios. Régimen de violencia instituido por un gobierno.
En base al significado más simple de corrupción y terrorismo, anteriormente expuesto, y a las actuaciones y opiniones que he observado y escuchado respectivamente, en algunos integrantes de la controversial “lista negra”, considero un descaro que estén despotricando contra el Gobierno de Estados Unidos y denunciando que violaron sus derechos humanos y que los han “ultrajado”, “ofendido” e “injuriado” cuando muchas de estas personas se han enriquecido y viven bajo la sombra del pacto libero-sandinista que a diario ofende, ultraja y viola los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Quien no quiera ver que en Nicaragua la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral y la Fiscalía están al servicio del pacto más corrupto y dañino de la historia nacional será porque seguramente es uno de sus beneficiarios.
Sin duda alguna la Asamblea Nacional es el corazón del pacto; se ha constituido en el instrumento rector de la corrupción y el terrorismo; porque es ahí donde el FSLN y el PLC “reparten” los cargos para las instituciones del Estado, entre sus correligionarios más fieles; ahí donde se manosea la Constitución Política de la República en pro de sus intereses partidarios y económicos; ahí donde se “juega” con el Presupuesto General de la República aumentando la deuda interna, sin que les importe incumplir los acuerdos económicos internacionales; es ahí donde se engavetan las propuestas de ley que benefician al país y se aprueban aquéllas que ahuyentan la inversión y atentan contra la estabilidad socio-económica, los derechos humanos y libertad de los nicaragüenses.
El colmo es que entre los más virulentos azuzadores de masas, expertos en sembrar el terror en las calles, se encuentran algunos de los “honorables” diputados. Si dentro de Nicaragua no existe un castigo para los corruptos y terroristas, me parece justo que internacionalmente sí exista. Urge que los países amigos además de brindar apoyo económico a Nicaragua también brinden apoyo moral y ayuden al Poder Ejecutivo y a la ciudadanía a ganar la lucha contra la corrupción.
